El PSC defiende a sus imputados por presunta corrupción en Sabadell
Los detenidos empiezan a declarar mañana; el alcalde lo hará el fin de semana.
El primer secretario del PSC, Pere Navarro, defiende a sus compañeros imputados.
El primer secretario del PSC, Pere Navarro, salió ayer a defender a Manuel Bustos, alcalde de Sabadell y secretario de política municipal de los socialistas catalanes, y a Daniel Fernández, secretario de organización del PSC, jefe de la reciente campaña y su más estrecho colaborador. Ambos aparecen implicados en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que sitúa una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Sabadell, donde se sospecha que altos cargos del consistorio cobraban comisiones de empresarios de la construcción por las concesiones de obras públicas.
«Conozco a las personas imputadas, he escuchado sus explicaciones y a mí me han convencido», dijo Navarro. «Confío en ellos al cien por cien, reivindico la honorabilidad y la inocencia de todos los compañeros», añadió. Navarro anunció además que el secretariado del PSC, en aplicación del código ético que tiene la formación para los casos de corrupción, ratificó la suspensión temporal de los cargos orgánicos de Fernández y Bustos, así como el de la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, que dirige el PSC en su municipio. Los tres están apartados de sus funciones en el partido, pero no cesados.
El PSC espera que puedan ser restituidos, al menos Bustos y Pérez, en cuanto este fin de semana comparezcan ante el juez y se aclare el asunto. En principio, está previsto que Bustos declare este sábado, igual que los otros 25 imputados, que lo harán entre el sábado y el domingo. No así Fernández, que por su condición de aforado (es diputado en el Congreso) solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. A Fernández se le investiga por exigir a la alcaldesa de Montcada que contratara a una persona.
En el caso de los 12 detenidos, se espera que presten declaración mañana. Todos ellos deberán responder ante el juez, entre otras cosas, sobre el modus operandi de los miembros de la trama que, según la investigación, fijaban un pago fijo de 120.000 euros para los empresarios interesados en acceder a contratos públicos. Luego, una vez que se acababa la obra, los constructores debían abonar a los funcionarios y políticos un extra en negro que suponía el 3% del presupuesto final de la obra.
Lo que sí descartaron los socialistas catalanes es que los tres dirigentes más significativos de la investigación se vean forzados a dimitir de sus cargos públicos, uno como alcalde de Sabadell, el otro como diputado en el Congreso y la tercera como alcaldesa de Montcada.