Los despedidos podrán cobrar más de 20 días por año

Bankia y el resto de los bancos nacionalizados no tendrán que aplicar el despido más barato previsto en la reforma laboral. Lo ha permitido la Comisión Europea, el Banco de España y el Gobierno.

Lo confirmó el presidente de Bankia, quien garantizó además que permanecerá al frente de la entidad «si se respetan» sus decisiones e insistió en que la cifra final de despidos será «significativamente inferior» al ajuste de plantilla anunciado en principio en 6.000 personas.

José Ignacio Goirigolzarri, en rueda de prensa, adelantó que se reunirá con los sindicatos de manera inminente en busca de «consenso» sobre el plan de reducción de trabajadores. Goirigolzarri aseguró que la entidad no defenderá una posición «predeterminada» tras ser preguntado sobre si se promoverá un despido de 20 días por indemnización.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, decidió permitir indemnizaciones superiores a 20 días por año trabajado tras una resistencia inicial. El propio Almunia manifestó en Bruselas que no estaba exigiendo despedir con 20 días, aunque fuentes del Ministerio de Economía negaron que este hecho sea fruto de un pacto entre la Comisión Europea y el Gobierno. «No existe un pacto al respecto», afirmaron.

CCOO-Comfia, la rama bancaria de Comisiones Obreras, celebró ese margen que tendrá la banca nacionalizada.

En opinión del sindicato, «queda la puerta abierta a la negociación entre las partes para encontrar fórmulas lo menos traumáticas posibles para los ajustes que puedan darse en las plantillas de las entidades afectadas».

La Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) lamentó el «trato injusto» dado a los tenedores de preferentes porque «muchos no fueron conscientes de que tenían sus ahorros en estos productos, y muchos otros incluso fueron engañados».

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, aseguró que el plan de rescate bancario de la Comisión Europea «constituye una ilegalidad manifiesta que trata de resolver el problema de un fraude reconocido por todo el mundo cargando el coste en cientos de miles de familias ahorradoras engañadas» y cifró en 3.000 millones de euros las pérdidas de las «víctimas» de las preferentes.

Pardos también destacó que, junto a las pérdidas que se pretenden imponer, «se impulsa la conversión de cientos de miles de ahorradores en accionistas de unas entidades cuyo valor es una incógnita y que van a ver reducido su tamaño y sus balances a menos de la mitad». Según Adicae, el problema de las preferentes y deuda subordinada ha afectado a casi 400.000 familias.

30.000 millones

De acuerdo con los datos de la CNMV, las participaciones preferentes sumaban 30.000 millones de euros en mayo del 2011, aunque a primeros de este año se había reducido ese volumen a 11.300 millones tras el canje llevado a cabo por los grandes bancos, como Banco Santander, BBVA o Banco Sabadell.

Una participación preferente es una emisión de deuda cuya rentabilidad está condicionada a los beneficios de la entidad. Su importe no lo cubre el Fondo de Garantía de Depósitos y no está garantizado que se recupere el dinero. Si se quieren vender hay que acudir al Mercado AIAF, mercado mayorista de renta fija privada, donde pueden valer menos de lo invertido, o nada si no encuentra comprador. La tragedia de muchos particulares que invirtieron en preferentes es que pensaban que eran depósitos con rentabilidad fija.

Sanciones a los bancos

Tanto el Ministerio de Economía como la CNMV han reconocido que se han cometido errores al vender estos productos. La CNMV prevé abrir 17 expedientes sancionadores —seis ya lo están— a nueve grupos financieros por malas prácticas en la comercialización de preferentes por un valor de 5.900 millones.