El Constitucional paraliza el euro por receta catalán instaurado en junio
La Generalitat responde con un recurso contra uno de los apartados de la ley Wert.
La vicepresidenta y el ministro del Interior en el primer pleno del año en el Senado.
Primera victoria judicial del Gobierno frente a la Generalitat. El Tribunal Constitucional congeló el cobro del euro por receta que instauró en junio pasado el Ejecutivo catalán al admitir a trámite el recurso que presentó el Gobierno contra esta decisión. La resolución implica la paralización inmediata del cobro de esta tasa durante un periodo de cinco meses, tiempo en el que el Constitucional debe pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La Generalitat avanzó ayer que alegará contra la decisión con el argumento de «qué consecuencias económicas tendrá la medida».
Transcurrido el plazo cautelar de cinco meses, el tribunal de garantías debe resolver si opta por prorrogar la medida cautelar o por mantenerla. Esta paralización no afecta, de momento, a la Comunidad de Madrid, que también implantó el euro por receta. En este caso, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció el viernes que se seguirá contra Madrid el mismo procedimiento que contra Cataluña.
La vicepresidenta del Gobierno explicó que, a juicio de los juristas del Estado, la medida implantada en Cataluña afecta a la igualdad de los ciudadanos y puede incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución, que es una competencia exclusiva del Estado. Horas antes de que se conociera esta decisión, Sáenz de Santamaría volvió a insistir en que la tasa catalana «perjudica» a la igualdad de los españoles al «gravar dos veces» la adquisición de medicamentos.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, se felicitó por la medida adoptada por la corte ya que supone una garantía de «igualdad», en este caso en las prestaciones farmacéuticas, «para todos los españoles».
Los responsables de la Generalitat, que ya intuían su derrota provisional, pasaron al contraataque. Su primera respuesta será recurrir ante el mismo tribunal varios apartados de la denominada ley Wert. El Gobierno de Artur Mas entiende que la nueva norma educativa invade competencias autonómicas, en aspectos como la determinación de la jornada lectiva del personal docente o la contratación de interinos.
El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, defendió la medida del euro por receta porque ha supuesto ya un ahorro de un 20% en el gasto farmacéutico, aunque confirmó que se paralizará su cobro en cuanto reciba la notificación formal del Constitucional.