Riña oficial por el indulto al kamikaze cliente del bufete del hijo de Gallardón

El indulto concedido por el Gobierno a un conductor kamikaze, condenado a trece años de prisión por la muerte de un joven en Polinyà del Xúquer (Valencia) en el 2003, ha provocado la indignación de la familia del fallecido, fuertes críticas de diversas asociaciones de víctimas de accidentes y acusaciones sobre presunto tráfico de influencias que han vertido PSOE e IU contra el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, porque un hijo del ministro trabaja en el bufete de abogados que defendió al condenado.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también se mostró incómodo y aunque afirmó que, como miembro del Ejecutivo, es solidario con todas las decisiones que se toman en Consejo de Ministros, lanzó una advertencia a Gallardón al asegurar que la política del Ejecutivo es no conceder indultos a condenados por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial.

«Se trata de un caso excepcional», dijo el ministro. No quedó ahí, Fernández Díaz sí sacó una conclusión de este caso: «En el futuro habrá que estar más atentos a estas cuestiones».

Una afirmación que se puede interpretar como una llamada de atención a su colega Gallardón, que impulsó esta medida de gracia pese a la negativa del tribunal que lo juzgó y de la Fiscalía, aunque con el dictamen favorable de Prisiones.

La asociación estatal de víctimas de accidentes de tráfico DIA aseguró ayer que «no existe ningún motivo a primera vista» que aconsejara conceder el indulto.

La familia de la víctima aseguró que está «desconcertada». El abogado de la familia, Agustín Ferrer, indicó que el hecho de que un hijo de Gallardón trabaje en el bufete que defendió al kamikaze indultado y que el abogado defensor sea hermano del exsubsecretario de Justicia Ignacio Astarloa «es un dato objetivo» que se puede comprobar en la web del bufete.

Preguntado sobre si esa situación puede haber influido en el indulto, el abogado no quiso relacionarlo, aunque ha calificado de «bastante sorprendente» que se haya actuado «de manera tan rápida» con una pena de trece años y con los informes en contra de la Audiencia provincial, la Fiscalía y las víctimas.

El Ministerio de Justicia se vió obligado ayer a desvincular la medida de gracia con el hecho de que un hijo del ministro trabaje en el bufete que defendió al condenado: Uría y Menéndez, con más de 550 letrados en nómina. El hijo de Gallardón estaba en Brasil cuando se produjo la tramitación del indulto.

Además, matizaron, el letrado del kamikaze y el hijo del ministro trabajan en áreas distintas del Derecho y no comparten la misma oficina. Según Justicia, el indulto se concedió en diciembre, cuando el hijo del ministro «no estaba trabajando en España, ni siquiera en el mismo continente», por lo que «difícilmente se puede vincular una cosa con otra». Por ello, el departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha reiterado que «no hay ninguna relación» entre el indulto y el trabajo del hijo del ministro.