Recurrir el indulto de Gallardón al kamikaze le cuesta a la familia de la víctima 440 euros
La familia de José Alfredo Dolz, fallecido en el 2003 tras colisionar su vehículo contra el de un kamikaze, recurrió ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de indultar al conductor suicida, quien gracias a esta medida de gracia quedó en libertad tras cumplir apenas 10 meses de los 13 años que se le impusieron como pena. Sin embargo el margen de maniobra del Supremo ante este recurso es escaso. Tal y como establece la propia doctrina del Alto Tribunal, este solo puede decidir sobre si el Gobierno ha podido incurrir en defectos de forma durante la tramitación legal del proceso, y, en ningún caso, tiene potestad para revocar el indulto solo por considerarse contrario al mismo en términos morales y legales.
La intención de los familiares de la víctima, explicó su letrado, es la de agotar todas las vías posibles para que el kamikace cumpla su condena. Un objetivo que choca con la realidad de que en España nunca se haya rectificado un indulto. Aún así, el abogado apuntó que, con este recurso, «se abre una puerta» para que el Gobierno reconsidere su decisión, máxime cuando miembros del Ejecutivo como el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han expresado públicamente su disconformidad con la concesión del mismo.
El abogado de la familia de la víctima apuntó además que el recurso ha costado 440 euros en tasas judiciales.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó ayer que el Consejo de Ministros se mostrará «mucho más riguroso si cabe» a la hora de aprobar esta medida de gracia. Y a modo de disculpa recordó a continuación que todos los Gobiernos democráticos han concedido indultos, entre los cuales ha habido casos «más o menos polémicos». Una semana atrás Sáenz de Santamaría ya reconoció que «no siempre se acierta» al ser cuestionada sobre el caso.