El Constitucional también echa abajo el euro por receta de Madrid
El PSOE demandará al presidente de la comunidad por los gastos generados.
Ignacio González en una imagen de archivo.
El Tribunal Constitucional ordenó ayer que se suspenda el cobro de un euro por cada receta en las farmacias madrileñas. Los magistrados bloquearon la tasa sanitaria puesta en marcha hace 28 días por el Ejecutivo regional de Ignacio González solo dos semanas después de que adoptasen igual medida cautelar contra el mismo recargo de los medicamentos que la Generalitat catalana cobraba desde junio de 2012. Eran las dos únicas autonomías en aplicar este copago.
La corte congeló de forma temporal el polémico tributo en ambas comunidades por petición expresa del Gobierno de Mariano Rajoy que, apoyado en sendos dictámenes del Consejo de Estado, impugnó las leyes autonómicas por considerar que invaden una competencia estatal exclusiva, como es la fijación del precio de los medicamentos subvencionados, y, además, rompen el principio constitucional de la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan y en todos los ámbitos.
Con la resolución de la corte se cumple la advertencia que Rajoy hizo el otoño pasado a los máximos responsables de ambos ejecutivos autonómicos, a los que avisó de que vulneraban la ley y de que si no desistían de forma voluntaria les obligaría a hacerlo a través del Constitucional.
La suspensión del tributo provocó la satisfacción de todos los partidos de la oposición, excepto de CiU, y de los médicos, farmacéuticos y asociaciones de consumidores, que se habían opuesto desde el primer día a la medida.
La respuesta más dura llegó desde el PSOE, partido que también recurrió el tributo madrileño ante el Constitucional. Los socialistas exigen la devolución inmediata a los ciudadanos de lo recaudado desde el 2 de enero, varios millones de euros.
Adelantaron que van a interponer dos demandas contra Ignacio González. Una, para que devuelva «de su bolsillo» los gastos generados a los madrileños por su empeño en imponer la tasa. La otra, por prevaricación, por considerar que aprobó el tributo pese a saber que era «injusto e inconstitucional».
A las duras críticas a González también se unieron IU y UPyD. El PP de Madrid, sin embargo, está convencido de la legalidad de la tasa y cree que el tribunal le dará la razón.