El juez acusa al duque de invocar el nombre del monarca para delinquir con sus negocios

Usó el nombre del Rey, de la Casa Real y el de su propia mujer para hacer negocios ilícitos. En síntesis, «utilizó en su exclusivo beneficio el área de influencia que suele ser inherente a la más alta Institución del Estado». Movido siempre por el «desmedido ánimo de lucro» no tuvo problemas para valerse del «amiguismo», el «compadreo» e incluso la «prepotencia» para conseguir contratos públicos a los que jamás habría podido optar si no fuera por el «respaldo que le brindaban altas personalidades vinculadas a Zarzuela». Son 542 páginas plagadas de descripciones de presuntos delitos, irregularidades y chanchullos. Es el auto en el que el juez del caso Nóos, José Castro, fija una fianza civil de 8.189.448,44 para Iñaki Urdangarín y Diego Torres para responder de las responsabilidades pecuniarias a la que se enfrentarán si son condenados por falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. Tienen cinco días para depositar en la cuenta del juzgado, de manera solidaria, ese dinero —con un aval, en efectivo o con bienes como garantía— bajo la amenaza de embargo. Pero la resolución es mucho más que un auto para fijar una caución. Es casi un escrito final de acusaciones, en el que el juez, tras dos años de investigaciones, expone cuál era la, a su juicio, verdadera actividad del yerno de don Juan Carlos.

Castro deja claro que todo el entramado Nóos se basó en la figura de Urdangarín y en el uso de sus contactos con la Casa Real. De no haber sido el yerno del Rey, la fundación nunca hubiera llegado a ser lo que fue.

Compadreo

«La directa intervención en persona de Urdangarín» y «el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas con la Casa del Rey» provocaba que «relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública» se doblegaran a las peticiones del duque de Palma «prescindiendo de los obligados trámites», aun cuando los trabajos que éste les ofrecía no tenían ninguna «utilidad» para las administraciones. Luego los dos cabecillas de Nóos, «conscientes de que ningún control se ejercería sobre el cumplimiento del encargo» por ser quien era Urdangarín, «despachaban» el trabajo de «cualquier manera».

El juez señala que fueron «tan sustanciosos los beneficios» de Nóos por al acoso a entidades privadas y públicas que Urdangarín y Torres perdieron cualquier escrúpulo a la hora de esconder que la fundación era todo menos filantrópica. El juez acusa a las autoridades valencianas y baleares de «favoritismos y compadreos».