El caso conecta con la investigación de Gallega de Molienda por fraude fiscal
Uno de los detenidos en Coirós, en libertad con cargos por alzamiento de bienes.
La flota de camiones que el grupo Martínez Núñez dedica a su comercialización de hormigón cuya planta de clínker está en Coirós.
La vinculación entre los negocios de José Martínez Núñez y la comunidad autónoma gallega resulta «histórica» en el ascenso y caída de este holding. Lo mismo que —caso Cuiña de por medio— las sospechas de oscuros y farragosos intereses en muchos de ellos. Una de las últimas empresas involucradas en Galicia en las controvertidas operaciones del grupo berciano ha sido Gallega de Molienda.
Esta sociedad se instaló a mediados de la década pasada en la localidad de Coirós (La Coruña) tras una fuerte inversión económica y con la pretensión de convertirse en un gran punto de referencia para el mercado del clínker, indispensable para la fabricación cementera.
Desde principios del 2011, sin embargo, Gallega de Molienda se encuentra en el epicentro de una investigación relacionada con una supuesta red de contrabando del citado material y la supuesta evasión de más de tres millones de euros en lo que se refiere a sus obligaciones con la Hacienda pública.
El representante de esta filial del grupo Martínez Núñez, P.P.F., se encontró ayer desde primera hora entre las personas detenidas ayer en el marco de la operación Caballo de Troya. En este caso en la propia localidad coruñesa de Coirós.
Su arresto, aunque a instancias de la instrucción que realizar el juez Vázquez Taín desde el número 2 de Santiago, devuelve a la actualidad el presunto fraude en la comercialización del clínker que investiga, muy cerca, el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol. Aunque a última hora fue puesto en libertad aunque imputado por «falsedad documental, alzamiento de bienes y delito fiscal».
Cuatro ejecutivos de Gallega de Molienda fueron detenidos temporalmente en marzo del 2011. Entre ellos el dueño de Teconsa, José Luis Martínez Parra, y el ex vicepresidente de Repsol, el bembibrense José Ramón Blanco Balín, que ocupaba el cargo de presidente de la cementera.
Los cuatro declararon y luego fueron puestos en libertad con cargos. A todos ellos se les relacionó con la red de contrabando que escamoteó a Hacienda entre 2008 y 2009 unos 3,2 millones de euros, importando material a través de una cementera sin in liquidar los correspondientes aranceles.
El clínker se sacaba presuntamente de la nave de control aduanero del puerto exterior de Ferrol sin abonar los aranceles por su importación desde China. El destino era la planta de Coirós. Siempre según fuentes de la investigación, la trama aprovechó las obras de ampliación del puerto ferrolano y su nueva conexión por carretera para sacar, sin declarar, alrededor de 350.000 toneladas de clínker. O lo que sería lo mismo, unos 12.500 camiones de 28 toneladas cada uno.
La ley de contrabando prevé penas de prisión menor, que oscilan entre los seis meses y los tres años de condena. Pero además, de llegar a probarse judicialmente las denuncias, la empresa y los imputados podrían enfrentarse a multas multimillonarias.
