El caso de los espías desata una guerra por el control de la investigación
El director del CNI niega relación con . Método 3 y comparecería en el Congreso .
Uno de los jueces anticorrupción, antes de iniciar los registros en la sede de la compañía.
La supuesta trama de espionaje destapada en Cataluña, en la que ya hay cuatro detenidos, sumó ayer un ingrediente más a la rocambolesca historia de detectives, teorías de la conspiración y políticos que graban y son grabados: la lucha entre cuerpos policiales por hacerse con el control del caso.
Hasta ahora, la investigación la llevaba el Cuerpo Nacional de Policía, que asumió el caso a raíz de la denuncia que interpuso en una comisaría de Barcelona la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tras la publicación de su encuentro con la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. Pero el Gobierno catalán, molesto porque Interior había dejado a los Mossos d’Esquadra al margen, contraatacó ayer y abrió las puertas del caso a su Policía autonómica, que deberán investigar una denuncia presentada por la vicepresidenta del Ejecutivo, Joana Ortega, que aparece como uno de los políticos supuestamente espiados por la agencia Método 3.
El caso sobre el espionaje en Cataluña no ha hecho si no incrementar los recelos que desde hace meses existen entre el Gobierno central y el catalán, enfrentados en los últimos tiempos no solo por el proceso soberanista, sino por una guerra de recursos al Constitucional y una lectura divergente sobre cómo debe repartirse el déficit público.
En el caso de los espías, sobre la superficie hay un conflicto de competencias, entre la Policía Nacional y los Mossos d’Esqudra, aunque en el fondo, lo que subyace de verdad, es la custodia y gestión de una información que puede ser muy delicada y que afecta a muchas personalidades del mundo de la política, de la empresa, de la judicatura y de la sociedad civil catalana y de la que nadie quiere quedarse al margen.
No sin los Mossos
«No se puede llegar hasta el fondo de un caso en Cataluña sin la colaboración de los Mossos d’Esquadra», dijo el Gobierno de Artur Mas, que anunció la creación de un grupo de trabajo interdepartamental, un gabinete de crisis sobre el espionaje que coordinará las medidas políticas y judiciales que emprenderá la Generalitat sobre los casos de presuntas escuchas ilegales y que involucrará a los Mossos en la investigación.
Conocer el papel que ha jugado el despacho en la trama sigue siendo clave y ayer, y por orden del juez, la Policía Nacional registró las oficinas de la empresa afectada. Lo hizo un día después de que el director de la compañía, Francisco Marco, y tres empleados fueran detenidos. Los agentes, acompañados por Marco y por los dos fiscales anticorrupción que llevan el caso, buscaron documentación y el libro de clientes de la empresa. Los registros se efectuaron también en la oficina de la compañía en Madrid y en los domicilios de los cuatro arrestados, que podrían ser acusados de un delito de revelación de secretos.