Funcionarios más (o menos) saludables

Pongámonos en el delirante pero hipotético caso de que hay una empresa en León que emplea a 14.332 personas distribuidas en tres departamentos. En uno de ellos, para el que trabajan 6.105 personas, cada año se generan 2.275 bajas por enfermedad; en otro, los 5.723 trabajadores tramitan unas mil bajas; y en el tercero, las contingencias personales y profesionales impiden acudir al trabajo a unos 700 contratados de los 2.504. En total, las bajas laborales por enfermedad equivalen a casi una tercera parte de la plantilla, que se ve obligada a abandonar su puesto entre una semana atribuible a una enfermedad común como la gripe hasta los dos o tres meses de una depresión. Estas cifras, no fáciles de recabar, reproducen la situación real que se da entre el funcionariado y el personal que trabaja al servicio de la Junta de Castilla y León. La primera corresponde al personal sanitario, la segunda a la docencia no universitaria y la tercera al personal de las consejerías y órganos asociados.

Son cifras que ya acusan el notable descenso registrado en el año 2012 como consecuencia de las nuevas medidas implantadas por las diferentes instituciones públicas a partir del 15 de octubre, que reducen las retribuciones a los empleados públicos por coger una baja de enfermedad. Cuando antes cobraban su sueldo íntegro, ahora perciben el 50% entre el primer y tercer día de ausencia y un 75% entre el cuarto y el vigésimo día. En opinión de los representantes sindicales de cada sector, el ahorro que está generando la Administración por un lado repercute en las peores condiciones físicas en las que trabajan ahora los empleados públicos. Muchos no se lo pueden permitir. Acabo de hablar con una compañera que tiene un brazo escayolado y me dice que le han quitado 400 euros», comenta un trabajador de la Delegación Territorial durante la realización del reportaje.

Esta manera de cargar de nuevo las tintas contra los trabajadores al servicio de la Administración pretende eliminar conductas individuales que perjudican la imagen de un colectivo mayoritariamente cumplidor. Pero a la vez han generado un profundo malestar que se suma a la nueva vuelta de tuerca que afecta a las vacaciones y libranzas de los 31.447 funcionarios y funcionarias que hay en León,  926 menos que hace tres años, según los datos aportados por el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La nómina más colosal corresponde a la Junta, para la que trabajan en León 14.332 personas. Aquí entra el cuerpo de maestros, sanitarios y funcionarios de los servicios que ofrece la propia administración. La Administración Pública Estatal da empleo a 8.397 personas, entre ellas el personal de los ministerios y organismos autónomos y los efectivos de las Fuerzas Armadas y los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los ayuntamientos de toda la provincia y la Diputación Provincial tienen 6.941 trabajadores en nómina, de los que 1.200 pertenecen a la institución provincial, contando laborales fijos, y al Instituto Leonés de Cultura. Los ayuntamientos son los que más han adelgazado su plantilla durante los tres últimos años, con 400 trabajadores menos ahora que entonces. Y la Universidad de León ha prescindido en este mismo periodo de 143 empleados, alcanzando actualmente una plantilla de 1.313 personas.

En vigor

Ninguna administración ha estimado el ahorro que pretende conseguir con la reducción de las retribuciones de los empleados públicos que cojan una baja, pero las primeras cifras que empiezan a aflorar respecto al último trimestre del año, cuando entró en vigor, despejan la situación por si había alguna duda: las ausencias en el trabajo se han reducido en torno al 20% en casi todos los ámbitos, excepto en el Ayuntamiento de León, donde las últimas cifras señalan una reducción de hasta el 80% en este tipo de contingencias. Pero los sindicatos prefieren hablar aún de cifras provisionales y esperar a conocer las oficiales que empezarán a hacerse públicas a partir de este mes, si bien este periódico adelanta hoy el impacto que han tenido los recortes en los principales sectores de trabajo de la Administración, excepto en los del Estado, que no se provincializan.

La plantilla más afectada ha sido la de los sanitarios. Son 6.105 trabajadores que en el año 2011 tramitaron un total de 3.017 bajas que duraron una media de 47 días, por lo que se prescindió de 126.425 horas de trabajo, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad. En el 2012, aunque los recortes se aplicaron en los procesos iniciados a partir del 15 de octubre, se tramitaron 2.275 bajas (un 24,6% menos que el año anterior) con un total de 80.042 días no trabajados.

Los primeros en algo

El segundo grueso de la Administración autonómica en León está en los empleados de la Función Pública, que son los que atienden en la Delegación Territorial u otros servicios. La estadística que maneja la Consejería de Hacienda revela que tanto las contingencias comunes como las profesionales se redujeron el último año un 21,18%, cuando la reducción media en Castilla y León fue del 21,41%. La provincia es, con mucho, la que mayor tasa de incapacidad temporal registra, por encima incluso de Valladolid. Hace un año, los trabajadores de la Junta en León faltaron 41.268 días al trabajo. Un año después, los días se han reducido a 32.527. Pese a este notable descenso, León está por delante de Valladolid (27.172 días perdidos), Burgos (26.934), Salamanca (24.488), Palencia (18.202), Zamora (17.116), Soria (16.188), Segovia (15.541) y Ávila (15.342). 

Oscurantismo

«Tiene que ser algo serio y muy grave para que la gente falte al trabajo, porque no se lo pueden permitir, les guste o no les guste», resume de manera tajante el presidente de la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Territoriales de León, Manuel Martínez. «Ahora vas a trabajar sí o sí», añade. ¿La razón? «Bajo ningún concepto puedes faltar, a menos que te puedas permitir el lujo de rebajar el sueldo». Este colectivo ha reaccionado de manera masiva en el portal de la Junta contra el nuevo borrador que pretende regular su jornada. De la misma manera emprenderán una próxima campaña de información entre la población para explicar que los días moscosos que les han limitado no son pluses, sino una compensación por no poder equiparar el sueldo a la subida del IPC.

Otro de los ámbitos de mayor trascendencia es la enseñanza. La Consejería de Educación maneja una reducción del 22% en el número de bajas del profesorado no universitario entre el 2012 y el 2011, pero no ofrece datos provincializados. Ni siquiera a los sindicatos, que se han visto obligados a plantear una queja por este motivo ante el Procurador del Común. Los únicos datos que existen son los recabados por el sindicato Csif  en el Comité de Seguridad y Salud y resultan absolutamente reveladores. De una plantilla de 5.723 maestros y maestras, en el primer trimestre del año se encontraban de baja 431, incluyendo las 55 ausencias por maternidad. En el mes de junio estaban de baja 353 docentes y en el tercer trimestre, correspondiente a las vacaciones de verano, la cifra había descendido a los 174, prácticamente la mitad. En conjunto, estas bajas generaron a lo largo de los nueve meses más de 47.000 días de trabajo perdidos.

Trato desigual

Otro cosa es la Universidad. Se desconoce por completo la tasa de absentismo en esta institución, para la que trabajan 839 docentes e investigadores y otras 474 personas en administración y servicios. Se da la circunstancia de que sólo los segundos están obligados a fichar, lo que ha motivado en alguna ocasión comunicaciones de protesta para equipar a todo el personal. Pero las condiciones específicas de un investigador, que puede trabajar en casa o hacerlo sin descanso en los laboratorios del campus, hace imposible esta propuesta. Incluso la Defensora de la Comunidad Universitaria, según fuentes de la institución, intervino infructuosamente para que exista el mismo trato para todos los trabajadores.

En el ámbito local, existen grandes divergencias en los datos que se conocen. Las ausencias en la Diputación Provincial de León tienen un índice más que moderado (6,17%) y además los recortes en las retribuciones no han tenido un gran impacto, puesto que el año anterior la misma tasa se encontraba en el 6,8%, según los datos facilitados por el diputado de Personal, Teodoro Martínez. Entretanto, la situación en el Ayuntamiento de León es contraria. Los datos trasladados por la concejala del área, Nuria Lesmes, en Pleno indican un vuelco absoluto de la situación que se producía en este mismo mes del año anterior, cuando había un 11,5% de empleados de baja por contingencias comunes o profesionales. En el último trismestre del 2012, esa tasa se encontraba en el 2,20%, es decir, era un 81% menor. En el caso del personal laboral del Ayuntamiento de León, del 8,8% se ha pasado al 3,5%, es decir, una reducción del 60% en el número de bajas tramitadas.