La Fiscalía no ve pruebas de que la infanta participara en los negocios de Urdangarín
Ve imposible la acusación sin su firma en la reunión que aceptó saquear fondos públicos.
La infanta Cristina a la llegada a su vivienda después de la jornada laboral en La Caixa.
«Conocer» un hecho no es sinónimo de «permitirlo» y mucho menos significa «participar» en él. Ese será el argumento central del recurso que la Fiscalía ultima para oponerse a la imputación de la Infanta en el caso Nóos. Anticorrupción sostendrá que en el último año no ha cambiado nada y que, a pesar de los múltiples interrogatorios y diligencias, sigue sin haber pruebas de que la infanta, más allá de haber podido saber detalles de los negocios de su marido, tomara decisiones en el Instituto Nóos o en la inmobiliaria Aizoon, la empresa propiedad del matrimonio Urdangarín-Borbón y usada por el yerno de don Juan Carlos supuestamente para desviar dinero público.
La determinación del fiscal Pedro Horrach de oponerse a que la hija del rey declare en los juzgados de Palma viene de la imposibilidad de obtener lo que, a su juicio, sería la última prueba de cargo posible contra ella, su firma en la actas de las asambleas generales y juntas del Instituto Nóos en las que formalmente se debía haber dado el visto bueno al saqueo de fondos públicos.
Y no está su firma porque en realidad nadie levantaba actas de lo que ocurría en esas reuniones, si es que llegaron a celebrarse, ni de quién participaba en ellas ni lo que allí se decía. Según ha informado al juez el que fuera secretario de Nóos, Miguel Tejeiro, no puede aportar «aspectos relativos a lugar de celebración (de las reuniones), miembros intervinientes, documentación anexionada o documentos en los que consten las firmas de los mismos», porque él jamás asistió a ninguna de esas asambleas y, por tanto, no levantó acta alguna. «Los certificados correspondientes a las mismas le eran remitidos por mensajero desde el Instituto Nóos, los cuales devolvía debidamente firmados por el mismo conducto», según Tejeiro.
Y sin esa firma, para Anticorrupción nada ha cambiado desde marzo del año pasado cuando el propio juez José Castro rechazó la petición de Manos Limpias de imputar a Cristina de Borbón. Según la Fiscalía, los mails aportado por Diego Torres no son suficientes. En ellos, recuerda, solo se constata que Urdangarín pudo informar a su esposa de algún detalle del nacimiento del Instituto Nóos, pero esto no implica que ella participara de esos negocios o se implicara en los mismos.
Para la acusación pública es también importante el hecho de que solo un testigo, Torres, ha declarado que la infanta tomaba decisiones en Nóos y que su responsabilidad en el instituto que se apropió de más de seis millones de dinero público era la misma que la de los otros cuatro miembros de la Junta Directiva, todos ellos implicados. Desde Anticorrupción recuerdan que son muchísimos más los trabajadores de ese instituto que han declarado que la infanta apenas pisó Nóos.
Así las cosas, el Ministerio Público cree inviable sostener una acusación contra la infanta y, mucho menos, defender una condena ante un tribunal.
El recurso de la Fiscalía será de reforma ante el propio juez y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial y planteará la inmediata suspensión de la citación de la hija del rey. Castro, aunque no esté obligado a ello, tiene intención, como deferencia al fiscal, de suspender la declaración y enviar sin dilación el recurso a la Sección Segunda, que será la que resolverá si la infanta es llamada a declarar. No obstante, es muy probable que la Audiencia Provincial no pueda fallar antes del 27 de abril, fecha de la declaración, por lo que la cita se aplazaría.