Diario de León

El déficit desigual de Montoro divide a las autonomías

Ferraz lo considera problemático y generador de «agravios».

Montoro mete la mano en su cartera en el Congreso.

Montoro mete la mano en su cartera en el Congreso.

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Paula de Las Heras| madrid
León

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«En tiempos de bonanza los déficits de las comunidades autónomas también eran asimétricos, pero entonces no le importaba a nadie», recuerda un antiguo responsable del departamento de Administraciones Públicas

Las cosas han cambiado. El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que aprobará objetivos de déficit diferenciados, en función del PIB, de la capacidad de acceso a los mercados y de los esfuerzos económicos realizados en el 2012, ha puesto de manifiesto disensiones en el PP. Pero tampoco el PSOE es una piña en este asunto.

Montoro pudo comprobar el pasado 21 de marzo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los recelos de varias de las comunidades autónomas en las que gobierna su partido. Ni Madrid, ni Galicia, ni Castilla León, ni Extremadura —que lograron situar su déficit por debajo del 1,5% previsto en 2012-—están dispuesta a admitir sin más que territorios como Cataluña se beneficie a su costa de una relajación del objetivo aprobado inicialmente para el 2013 (el 0,7%)

Andalucía, gobernada por el PSOE, aplaude en cambio la iniciativa. Su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, siempre adujo que no era en absoluto «razonable» imponer a todos un objetivo uniforme en lugar de hacer como Bruselas, que modula en función de las situaciones por las que atraviesa cada país. A tenor de los criterios planteados por el Ejecutivo, los andaluces verán satisfechas sus demandas y podrán disponer de un margen de gasto superior al de otras comunidades. Sin embargo, en Ferraz reconocen su disconformidad.

Flexibilidad compartida

Alfredo Pérez Rubalcaba se mostró partidario esta misma semana de que el Ejecutivo reparta con las autonomías el déficit adicional que pueda obtener en su negociación con la Unión Europea.

El propósito del Gobierno es que, del 4,5% permitido a España este año, pueda pasare al 6%. Hacienda se muestra ahora dispuesta a abrir la mano, a diferencia de lo que hizo en el 2012, cuando pese al pataleo de las autonomías reservó para la Administración central el punto extra de déficit que había concedido Bruselas. Pero la cuestión es cómo se reparte ese pequeño desahogo.

«Agravios innnecesarios»

No es un tema menor, sobre todo, si se tiene en cuenta que el Gobierno revisará las previsiones de decrecimiento económico del -0,5% actual al -1%. Y ahí es donde en el PSOE surgen las discrepancias.

Aunque aún no existe una postura oficial al respecto, fuentes de la dirección del partido admiten que no ven con buenos ojos esa asimetría que abrazan, desde extremos opuestos, José Antonio Griñán y el PSC.

«Sólo sirve para crear agravios innecesarios», dicen en fuentes próximas al secretario general.

En la dirección del partido sostienen que económicamente hay poco que ganar y políticamente mucho que perder porque medio punto de déficit en una comunidad como Castilla y León, por ejemplo, puede resultar nimio para el conjunto de las Administraciones Públicas y, en cambio, suponer una cifra importante para sus habitantes.

Lo cierto es que, en buena medida, lo que busca el Ejecutivo es precisamente atemperar un problema político, el de las tensiones con Cataluña, y también económico, dado que la comunidad gobernada por Artur Mas, asfixiada por una deuda de 50.000 millones de euros (el 26% del PIB), es uno de los principales motores económicos de España.

Peor para Rajoy

En cualquier caso, el clima general hace complicada cualquier negociación, también la del futuro sistema de financiación autonómica. Mariano Rajoy se enfrenta a una escenario similar a la que vivió José Luis Rodríguez Zapatero en el 2009, con una salvedad, la situación económica es aún peor que entonces y sus ‘barones’ —incluida la catalana Alicia Sánchez- Camacho— han demostrado ser mucho más beligerantes en la defensa de los intereses de sus territorios de lo que habría hecho suponer la «cohesión» de la que siempre presumió el PP.

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