La Administración «B»
La Junta tiene y participa en más de 200 fundaciones y entidades ajenas al control de las normas administrativas, de las que se desconoce el número total de trabajadores, los gastos de personal y su deuda.
Castilla y León tiene un portal meteorológico que, aunque poco divulgado, lleva desde el 2008 contratado a una empresa afincada en Madrid, que se encarga de actualizar los datos y mantener la web. El portal (meteorologia.jcyl.es) es un simple mapa del tiempo con predicciones detalladas por provincias que se encuentra integrado en la propia web de la Junta. Se da la circunstancia de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene una plantilla de entre 60 y 70 personas repartidas por todo el territorio de Castilla y León para realizar las mismas predicciones a escala local. De hecho, la información aeroportuaria y las alertas de Protección Civil no utilizan como fuente principal el portal autonómico, sino que se canalizan a través del organismo estatal, según explicaron fuentes del Centro Meteorológico Territorial. Son datos que se ceden gratuitamente a todo el público. Por supuesto, también a las comunidades autónomas, que «por cuestiones políticas» están gastando su dinero en portales de este tipo para poner de manifiesto sus competencias en determinada materia, interpretan desde el organismo estatal. La Junta paga por dar su propia información del tiempo 20.828 euros cada año, dato facilitado por la Consejería de la Presidencia.
Buenos tiempos
El nacimiento de duplicidades de este tipo se enmarca en un contexto de crecimiento económico, cuando los recursos financieros parecían no tener límite y la Administración autonómica creaba nuevos entes y servicios a un ritmo vertiginoso. Durante los diez últimos años, se han llegado a constituir más de medio centenar de entidades gestionadas totalmente por el Gobierno autonómico, lo que representa un crecimiento del 90%, según el último inventario de la Intervención General del Estado. Sin embargo, la Junta tiene mayor o menor participación en otros 150 centros, agencias, fundaciones, comisiones, consejos, clubes, observatorios y demás figuras administrativas creadas en la mayor parte de los casos con el fin de «tener menos trabas burocráticas para realizar las tareas encomendadas», señala literalmente el único informe crítico realizado hasta la fecha sobre estos entes en Castilla y León, que fue financiado por la confederación empresarial Cecale.
Empieza la ‘poda’
Actualmente, la Junta de Castilla y León admite su participación en un centenar de entes, según el informe que Pilar del Olmo ha entregado al Gobierno. Tiene el control total de 38 y en 27 no puede actuar porque no tiene mayoría. Además, hay otra treintena de entidades dependientes de las universidades. A finales del año 2011, el citado informe de Cecale aseguraba que el patrimonio neto de estas fundaciones y entes públicos ascendía a 438 millones de euros y que su deuda era 2,5 veces mayor (1.123 millones). El salario anual medio anual de los trabajadores duplicaba entonces el de un trabajador medio de la comunidad autónoma, de 19.683 euros al año. En conjunto, en ese momento recibían 104 millones de euros en subvenciones.
Pero la Consejería de Hacienda ya ha iniciado la ‘poda’ en el sector empresarial público y fundacional, como ha exigido el Gobierno. Ha aplicado fusiones, como la de Excal en Ade o Sotur con la Fundación Siglo. También desaparecen otras, como Appacale (asumida por el Itacyl), la Fundación Anclaje o la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria. Y, finalmente, ha iniciado la reordenación de otras muchas fundaciones. El objetivo de la consejera es ahorrar 20 millones de euros.
Aunque no parece suficiente. Ni para un amplio sector de los empleados públicos, ni tampoco para la oposición política. La Plataforma en Defensa de lo Público, integrada por trabajadores de la Administración, lleva meses reclamando información sobre lo que ellos mismos denominan «sector público paralelo» o «administración B». En opinión del portavoz, Quinidio Martínez, la desaparición de líneas de trabajo «permite holgadamente» que todas las competencias, funciones, servicios y trabajos encomendados o adscritos a todos estos entes se realicen por los funcionarios, personal laboral fijo y estatuario de la Junta de Castilla y León. En el escrito que una representación de los empleados públicos ha presentado en el Procurador del Común hace poco más de un mes para exigir la relación completa de entes y sus trabajadores, gastos y locales, entre otros datos, se asevera: «Si cada día miles de ciudadanos son expulsados por la pendiente del empobrecimiento, la duplicidad de este sector es un mal gasto que raya con las figuras penales de la prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, etcétera».
«Garrapatas»
Lo llaman «empresas garrapata» porque, aunque la Junta las paga por prestar un servicio, utilizan medios de la propia administración para desarrollarlo. Es otro de los caballos de batalla del funcionariado. «La consecuencia de este sistema es que a las empresas se las da competencias que deberían hacer empleados públicos», manifiesta Martínez, quien revela que en la Delegación Territorial operan de esta manera Itacyl, que ocupa siete despachos para sus 14 empleados; Tragsatec, ubicados en la quinta planta con personal en subvenciones a montes privados, topografía, cartografía, restauración de la naturaleza y reservas nacionales de caza; y Grupo Norte, dedicado a áreas competenciales de Fomento y Medio Ambiente.
Desde luego, no hay comparación posible entre la abundancia de este tipo de entes en la Administración autonómica y el resto de instituciones, ya sea la provincial, la local o la estatal. La Junta tiene el 85,5% de las fundaciones y empresas públicas del total de Castilla y León. La Intervención General del Estado tiene constancia de 40 entidades en la Diputación de León y 48 en los ayuntamientos de la provincia, la mayor parte de ellas empresas públicas y consorcios.