PP y PSOE quieren que la Corona vaya más allá de la ley de transparencia
Temen que los obstáculos jurídicos impidan que la norma cumpla las expectativas .
El PP admite que, depués 37 años, es momento de regular ciertos aspectos de la Corona. «Para reforzarla», dijo ayerMaría Dolores de Cospedal. El PSOE asegura que seguirá respaldando a la institución, pero que debe cambiar. «La Monarquía parlamentaria que nosotros defendemos y que queremos es más moderna», apuntó Elena Valenciano. Ni uno ni otro concretan hasta dónde están dispuestos a llegar. Y en privado admiten su deseo de que la Casa Real dé un paso el frente y les saque del embrollo político pero, sobre todo, jurídico en el que andan sumidos.
La Constitución deja pocos resquicios para ‘meter mano’ a una institución blindada frente a cualquier control o influencia externa. El Gobierno podría optar por desarrollar por fin el artículo 57.5 y aprobar una ley orgánica que resuelva cualquier duda sobre «las abdicaciones y renuncias». Pero nadie cree que en esa norma nonata, la única relativa a la Corona mencionada en la Carta Magna, esté la solución al deterioro de la actual Jefatura del Estado. El debate está en la ley de transparencia.
La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos ya llevó a la Casa del Rey a hacer pública su disposición a verse sometida al código que se tramita en el Congreso, después de meses de presión de las fuerzas minoritarias y, en última instancia, del PSOE. Pero su propuesta es la de ser incluida en el artículo 2, que habla de todos los órganos constitucionales, «en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo». Es decir, no incluiria la asignación que percibe el rey para el sostenimiento de su Familia y Casa, sino lo que los ministerios, y con restricciones por motivos de seguridad, dedican a su funcionamiento, es decir viajes, actos oficiales, conservación de palacios y jardines...
Más lejos
En realidad, esas son las partidas más abultadas. Sin embargo, la dirección del PSOE ha dejado claro que, a su juicio, la situación exige ir más lejos. Tan lejos como que el Rey y la Familia Real estén obligados a hacer público su patrimonio personal. Y el PP, que ya tuvo que dar marcha atrás en su negativa a que la ley de transparencia afecte a a Corona, no se atreve ahora a decir que por ahí no pasa.
«Lo ideal sería que sean ellos (la Zarzuela) los que se muevan», admiten con cierto desasosiego en la dirección del grupo parlamentario popular. En el PSOE el planteamiento no es muy distinto. A pesar de la contundencia con la que han hablado sobre este tema la vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, y la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, fuentes implicadas en la negociación de ley tienen serias dudas jurídicas de que sea posible llegar a un grado de transparencia cercano al que, por ejemplo, tiene la Corona británica, que revela cuánto gasta en luz, agua, teléfono y hasta en cosas más triviales como botellas de vino, si no es porque la propia Casa del Rey lo haga voluntariamente.
El escollo que plantean es, entre otros, el del artículo 65.2 de la Constitución, en el que se dice que el rey recibe del Estado una cantidad global que distribuye «libremente». Soraya Rodríguez defendió la semana pasada que «libremente» no implica que no se pueda dar a conocer. Otros, en sus propias filas, lo discuten con vehemencia.