Diario de León

ESTUDIANTES Y PROFESORES, CONTRA LA LOMCE. EL PANORAMA NACIONAL

Problemas técnicos retrasan ahora la aprobación de la reforma educativa

Las autonomías temen que la ley suponga un desembolso que les descuadre las cuentas.

Varias pancartas se ven al paso de los manifestantes por la plaza de Cibeles de la capital.

Varias pancartas se ven al paso de los manifestantes por la plaza de Cibeles de la capital.

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d. valera | (colpisa) madrid

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Una carrera llena de obstáculos. Más de los previstos e incluso de quienes no se esperaban. Así podría resumirse el tortuoso proceso de elaboración de la reforma educativa del Gobierno. Y es que el todavía anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) que abandera el ministro José Ignacio Wert se ha enfrentado a una amplia contestación de los agentes educativos —como ejemplo la huelga general de ayer secundada por primera vez por profesores, alumnos y padres— a las críticas de la oposición política, de la institucional —véase el choque con la Generalitat por el castellano en las aulas— y sortear incluso las dudas procedentes de comunidades autónomas gobernadas por el PP temerosas del coste que deberán asumir por implantar una reforma en tiempos de control del déficit.

«Es una ley muy importante y tiene que ir al Consejo de Ministros de manera perfecta», aseguran desde el ministerio de Educación para justificar un posible nuevo retraso en su aprobación. Y uno de los principales quebraderos de cabeza tiene que ver con la memoria económica. Y es que las comunidades autonómicas temen que la implantación de la Lomce suponga un desembolso que les descuadre las diezmadas cuentas.

Según contempla la memoria económica el Ejecutivo asumirá el cien por cien de los costes directos de la Lomce (por ejemplo, evaluaciones a final de cada etapa). Sin embargo, los costes indirectos, es decir, aquellos derivados del refuerzo de la FP —6.000 euros de media por alumno y curso— o de los dos itinerarios en 4ºESO serán financiados por las comunidades autónomas. Según el ministerio, supondrían 334 millones, que podrían elevarse hasta los 927 millones en el escenario más optimista. Las cifras dependerían del número de alumnos que engrosaran las filas de la FP. En cualquier caso, las comunidades —incluidas las del PP— verían con buenos ojos que el Estado asumiera también parte de esos costes indirectos.

Así las cosas el Gobierno estaría dispuesto a retrasar su aprobación con el afán de lograr un mayor consenso de la comunidad educativa, según fuentes del ministerio de Educación. Esto no significa que la Lomce sufra cambios en sus pilares fundamentales (adelanto de itinerarios, alternativa de Religión o reválidas), pero sí en aspectos técnicos señalados por el Consejo de Estado en su dictamen.

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