El Parlament desafía al TC y declara vigente la declaración suspendida
Recurrirá la decisión de la corte y la Generalitat pedirá «amparo» a la Unión Europea.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.
El nacionalismo catalán plantará cara al Constitucional. Un día después de que el tribunal suspendiera de forma cautelar la declaración soberanista que la cámara catalana aprobó el 23 de enero, el Parlament lanzó ayer un desafío claro y contunde: la resolución «sigue vigente». Así lo advirtió la presidenta del legislativo autonómico, Nuria de Gispert, con el argumento de que la declaración impugnada, que fue la pimera etapa de la hoja de ruta hacia la consulta, no tenía efectos jurídicos. «Si los tuviera, estaría suspendida, pero como es una expresión política, sigue vigente», dijo.
El desafío retórico pasó enseguida a los hechos. Y un ejemplo de que para la mayoría nacionalista del Parlamento catalán la declaración no está en el aire, o lo que es lo mismo, que la cámara actuará como si el Constitucional no hubiera intervenido, podrá comprobarse en siete días. Después de que el martes, las cinco formaciones que apoyan la celebración de una consulta, CiU, ERC, PSC, ICV y la CUP, aprobaran la creación de una comisión de estudio sobre el derecho a decidir, De Gispert anunció que la semana que viene quedará constituido ese grupo parlamentario de estudio, que marcará las etapas, el ritmo del proceso soberanista y las vías legales de la consulta.
La declaración solo fue un gesto simbólico, que no produjo efectos jurídicos concretos, según las fuerzas soberanistas, sin embargo, la propuesta parlamentaria para crear la comisión sobre el derecho a decidir sí citaba la declaración suspendida como el elemento que «impulsa el inicio de un proceso».
Reacciones
El PP y Ciutadans reaccionaron de inmediato y exigieron que se acate la suspensión provisional de la declaración de soberanía y no se constituya la citada comisión, hasta conocer la decisión definitiva de la corte, que tiene cinco meses para deliberar sobre el fondo del recurso del Gobierno. «Si la institución que hace las leyes no las cumple, ¿qué autoridad tendrá después para pedir a la ciudadanía el respeto y cumplimiento de las leyes?», dijo el popular Enric Millo, quien alertó que «si se continúa abonando que sólo se cumple la norma que gusta, acabaremos convirtiendo el Parlament en una cámara antisistema».
El PSC también pidió a la cámara que cumpla la resolución. La posición de los socialistas, en cualquier caso, se enreda por momentos. Su voluntad de no encasillarse en ninguno de los dos bloques en que se ha dividido el legislativo, constitucionalistas frente a soberanistas, les lleva en ocasiones a mantener posturas contradictorias. Así, este jueves pidieron a CiU y ERC que acaten la decisión del Constitucional, pero en cambio el miércoles votaron a favor de la creación de la comisión sobre el derecho a decidir, que supuso, de facto, el primer desafío al alto tribunal.