La infanta aprobó cada una de las cuentas anuales de Aizoon
El registro confirma que conocía los «informes de gestión».
La infanta Cristina a la salida de su trabajo en Barcelona en una imagen reciente.
O Iñaki Urdangarín mintió a la Administración de forma reiterada durante toda una década o la infanta aprobó todas y cada una de las cuentas anuales de Aizoon, la sociedad propiedad de los duques de Palma que sirvió para desviar desde el Instituto Nóos 1.529.341 euros, la mayoría procedente de dinero público.
Los documentos remitidos por el Registro Mercantil de Barcelona al juez del caso Nóos, José Castro, revelan que Cristina de Borbón participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de Aizoon, desde su nacimiento hasta la actualidad. Según esos papeles, que están certificados con la firma de Urdangarín como «administrador» o «liquidador» de la sociedad, la hija del rey aprobó con su voto en nueve ocasiones, de 2004 a 2012, tanto las cuentas anuales de la empresa como el «informe de gestión» de Aizoon. Ocho de las reuniones tuvieron lugar en Barcelona y la última, en junio de 2012, en Washington, donde por entonces vivía el matrimonio. En todos estos encuentros, Cristina de Borbón ofició como presidenta de la junta y su marido como secretario de la misma.
En aquellas reuniones, si es que se celebraron como atestigua el duque de Palma por escrito y con su firma, la infanta, explican fuentes del caso, debió de estudiar los balances de la empresa y de dónde salía el dinero que comenzó a engrosar las arcas de Aizoon cuando se convirtió en proveedor de Nóos, a pesar de ser formalmente una inmobiliaria.
Estas mismas fuentes apuntan que también debió conocer, si es verdad que dio el visto bueno al «informe de gestión» de la sociedad, que su marido se dedicaba a cobrar a través de esa sociedad por supuestos trabajos de asesoramiento a empresas como Mixta África, Motorpress Iberica, Aceros Bergara, Pernod Ricard, Havas Sports France y Seeliger y Conde. Con esa táctica, el yerno del rey, según ha confirmado la Agencia Tributaria, se evitó pagar tipos impositivos mayores, tributando aproximadamente un 25% en vez del 40% que correspondería.
Beneficios
Siempre según la información que «certificó» Urdangarín al registro, en aquellas reuniones de Aizoon, la coopropietaria de la empresa, es decir la infanta, fue informada de que la inmobiliaria comenzaba a tener importantes beneficios a pesar de no haber vendido jamás un piso.
La Audiencia Provincial, en el auto en que suspendió el interrogatorio de la infanta, expresó su extrañeza por el hecho de que la propia Agencia Tributaria y Anticorrupción cargaran exclusivamente las culpas sobre Urdangarín a la hora de acusarle de un posible delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, cuando, como demuestra ahora el Registro Mercantil, la infanta, como era su deber de coopropietaria, participó en las juntas. Los magistrados manifestaron su sorpresa porque Hacienda, con respecto a Aizoon, «solo le atribuye la defraudación a uno de los socios pese a que las facturas fueron libradas por la sociedad».