El Gobierno aprueba la despolitización y nuevas funciones de las cajas de ahorro
Las cajas de ahorro, a partir de ahora fundaciones bancarias a excepción de Caixa Ontinyent y Caixa Pollença, volverán a los «límites originales» de su actividad en su ámbito territorial y a los clientes a los que se dirigen. Sus órganos de gobierno tendrán una mayor vigilancia de los reguladores y la participación de los políticos en sus decisiones se verá más controlada. Así lo establece el Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias, que ayer aprobó el Consejo de Ministros.
El proyecto «da cumplimiento a los compromisos recogidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU) establecido por Bruselas para la recapitalización del sector financiero, y prentende «clarificar el papel de las cajas de ahorro como accionistas de los bancos». Un papel que se limita a centrarse en el negocio minorista y en las autonomías donde las entidades tengan presencia históricamente.
La norma resume las recomendaciones dadas por las autoridades europeas a las entidades intervenidas o que cuentan con fondos públicos para su saneamiento, como el caso de Banco Ceiss, y de Caja España-Duero, que a partir de ahora será una fundación con una participación minoritaria en el capital del banco.
El proyecto aprobado ayer por el Gobierno exige que las fundaciones de las cajas se limiten a la actividad con minoristas y pymes de sus autonomías (en casos concretos podrán actuar en un máximo de diez provincias limítrofes entre sí), pero «no podrán dedicarse a actividades financieras complejas».
Órganos de gobierno
No podrán tener un activo superior a 10.000 millones o una cuota de depósitos por encima del 35% de los de la autonomía en la que operen; y en caso de superar estos límites deberán traspasar su actividad financiera a un banco, del que serán partícipes. Respecto a la regulación de los órganos de gobierno, se mantendrá una comisión de control que regule los mecanismos electorales, centrados en «evitar el control político de las cajas y atribuir este control a los principales interesados, los impositores».
La nueva Ley de Cajas insiste en la profesionalización de los órganos de gobierno, de forma que «se refuerza la incompatibilidad del ejercicio del cargo de miembro ejecutivo en partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos y altos cargos de las administraciones públicas».
En cuanto al consejo, establece que al menos la mitad de sus miembros serán independientes, y no se respetará en el futuro la proporción de representatividad de los distintos grupos de la asamblea. Los consejeros generales no podrán estar en el consejo de administración. Además, se insiste en que deben cumplir los requisitos de «honorabilidad, experiencia y buen gobierno», algo que ya incluía la anterior normativa.