Hacienda no detectó los errores porque nunca supervisó a la infanta Cristina

Es posible que, en su origen, el error surgiera por la confusión del DNI de la infanta Cristina. Esa es, desde luego, una de las hipótesis de trabajo de los investigadores. Pero la Agencia Tributaria nunca cruzó los datos falsos que atribuían a la hija del rey las ventas de trece propiedades, como hace con todos los españoles, y por ende jamás exigió el pago de esos impuestos a la hija del rey, lo que hubiera destapado enseguida la confusión de sus bases de datos. Todo ello, al margen de que la información enviada por el fisco al juzgado de Palma contiene otros errores que nada tienen que ver con el inusual número de carné de la duquesa y que tampoco fueron detectados porque no se cotejaron.

Así lo han confirmado a Colpisa varios de los técnicos de Hacienda que analizan el extraño caso de las propiedades de la infanta y que consideran que un «simple error» no explica por qué la Agencia Tributaria no se dirigiera a Cristina de Borbón para exigirle el pago de los impuestos por esas falsas trece ventas, cuando todas las operaciones son revisadas de manera automática al final de los ejercicios fiscales y, muchas veces de manera personal para evitar la prescripción fiscal.

De acuerdo con los especialistas del Ministerio de Hacienda consultados es «imposible» que un «error» explique que no se detectara ni uno solo de esos falsos datos en trece operaciones diferentes en dos ejercicios distintos, 2005 y 2006, pertenecientes a cuatro registros situados en tres provincias. Y todo ello teniendo en cuenta de que se trataba de compraventas por valor de 1,4 millones de euros, una cuantía suficientemente importante para no pasar desapercibida. Del mismo modo, los especialistas avalan la tesis de que el DNI 00000014Z esté en el origen de la confusión porque consideran «totalmente imposible» que alguien, una vez que esas fincas se habían vendido y registradas las transacciones en la Agencia Tributaria bajo ese DNI, pudiera haber manipulado a posteriori las bases de datos. De hecho, explicaron responsables de esos sistemas, ningún técnico puede alterar de ‘motu proprio’ esos archivos, como tampoco podría haberlo hecho Hacienda en la remisión de datos al juez del caso Nóos, aunque hubiera sido consciente de que éstos estaban equivocados.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, entretanto, rompió hoy cinco días de silencio sobre el informe de la infanta, pero aclaró muy poco. «Lo ocurrido es sencillamente un error de procedimiento administrativo y no tiene mayor alcance». «Los errores existen», minimizó. Lo paradójico es que, pese a insistir en que no se puede hablar de algo distinto a eso, a un despiste en un proceso «en el que se manejan millones y millones de datos», admitió que «técnicamente» no tiene ni la menor idea de en qué consiste ese «error».