La reorganización de la justicia destinará a lo penal casi la mitad de los jueces leoneses

El Ministerio de Justicia dedicará a la jurisdicción de lo Penal casi la mitad de la plantilla de jueces de la provincia con la próxima reorganización que se anuncia en ciernes, que contempla la desaparición de la Audiencia Provincial y de cinco de los siete partidos judiciales existentes actualmente, para crear en su lugar un Tribunal de Instancia, según figura en el informe elaborado por la Comisión Institucional para la Elaboración de una nueva Ley De Demarcación y Planta Judicial, presentado esta semana por Alberto Ruiz Gallardón.

El informe adjudica al área de lo Penal 20 Magistrados, 18 a los asuntos civiles, 5 para asuntos relacionados con lo Social y solamente tres para Contencioso-Administrativo.

La entrada en vigor del nuevo modelo se fija para un periodo «con una razonable vacatio de seis meses», que responde a la necesidad de que durante este período «el Ministerio de Justicia junto con el Consejo General del Poder Judicial, Salas de Gobierno y Comunidades Autónomas con competencias trasferidas preparen los medios materiales y personales para una mejor adaptación de las disposiciones normativas a la realidad de cada instancia, territorio o localidad».

Esa transformación se materializa provincializando la administración de Justicia, que tendrá en León uno de los pocos casos en los que una provincia tiene más de un partido judicial. León y El Bierzo (con sede en Ponferrada) serán los dos únicos partidos judiciales que respetará el plan. «En el resto no desaparecerán los juzgados, pero sí se modificará su función», reconoció a este periódico recientemente el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, el leonés Alfredo Prada.

Provincialización

«El gran atributo que caracteriza esta provincialización de la Administración de Justicia radica, tal y como ya destacaba la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la economía de escala, con una evidente y necesaria optimización de los medios materiales, personales y temporales de la Administración de Justicia», se insiste en el borrador de la ley que pretende aprobar el Gobierno.

«La transformación de la Oficina Judicial ha significado un primer e importante paso en aras de la implantación de un nuevo modelo de gestión del servicio público de Justicia», explica el informe, «más acorde con criterios de racionalización y eficiencia. El modelo de la unidad de gestión judicial singular y autosuficiente está dejando paso a la interoperabilidad y a la administración conjunta de trámites procesales, sin duda impulsado por la pujanza útil y segura de las tecnologías de la información y el conocimiento».

«En esta dinámica era absolutamente necesaria una decidida transformación del primer escalón del sistema jurisdiccional en pos de facilitar el acceso del ciudadano a la tutela judicial efectiva, superando el partido judicial estanco como base del modelo y trasladando a la primera instancia las virtudes acreditadas por el sistema de organización colegiada».