NUEVA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA | consecuencias en la comunidad
El TSJCyL pasa a dividirse ahora entre Valladolid y Burgos al 50%
Los recursos de los asuntos de León tendrán que resolverse en Valladolid.
José Luis Concepción es el presidente del TSJCyL.
El borrador plantea dotar de más competencias a Valladolid en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y dividir en dos áreas la jurisdicción general sobre las nueve provincias de la Comunidad.
Valladolid pasaría a tener sede de la Sala de lo Civil del TSJCyL para los asuntos de León, Zamora, Salamanca, Palencia y Valladolid y lo mismo ocurriría con una nueva sede de lo Penal. La de lo Contencioso-Administrativo ya estaba instaurada con anterioridad, pero dejaría de conocer los asuntos relativos a las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Ávila.
La actual sede del Alto Tribunal se quedaría sólo con la jurisdicción sobre estas últimas provincias en materia Civil y Penal. Hasta ahora su área de actuación se extendía a las nueve. Por contra, recupera las competencias en materia de Contencioso-Administrativo sobre su nueva área en detrimento de Valladolid, que se queda sólo con el área oeste de la Comunidad.
En el plan que propone la Comisión Institucional para la Elaboración de una Nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, cada una de las salas, tanto en Burgos como en Valladolid, contará con un presidente. La de lo Civil y lo Penal de Valladolid estarán regidas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Después la proporción de Magistrados y jueces se establece en función de la cara de trabajo supuesta que se les atribuye. Burgos tendría 12 en Civil por los 17 de Valladolid. Burgos tendría 5 en Penal y Valladolid 9. Y en materia de Contencioso-Administrativo, se atribuyen 5 jueces a Burgos y 10 a Valladolid.
Andalucía, Castilla León y Canarias se convierten en las tres últimas autonomías que incorporan a sus Tribunales Superiores de Justicia este sistema de desdoblamiento en lo que se refiere a sus Salas de lo Contencioso Administrativo y Social “que se ha mostrado ciertamente necesario y eficiente”, según explica el borrador. «Las ventajas de éste nueva arquitectura de los Tribunales Superiores de Justicia resulta evidente. No sólo se consolida definitivamente la segunda instancia civil y penal en el ámbito autonómico, sino que se potencia la formación de criterios doctrinales más coherentes, sólidos y armónicos en el entorno de su demarcación, lo que representa una mayor seguridad jurídica y por tanto una mayor igualdad de los ciudadanos ante la ley».
