«Estamos ante una recentralización política de dudosa constitucionalidad»

 

—¿Qué supone la reforma de la administración local para las entidades locales menores?

 

—Se apoya en principios tecnocráticos y neoliberales que poco tienen  que ver con el modelo histórico y administrativo de nuestra provincia.  Aunque las Cortes de Castilla y León se han manifestado por unanimidad a favor del mantenimiento de las entidades locales menores ni la Ley,  ni la FEMP  han sido sensibles a la contemplación y valoración de las escalas menores. Las economías de escala por encima de los 20.000 habitantes se convierten en el modelo demográfico, económico y administrativo ideal de referencia, lejísimos de nuestra red de pueblos y aldeas, e incluso lejos de nuestros núcleos intermedios urbanos y de las cabeceras comarcales históricas. Como, según el anteproyecto de Ley, las entidades locales menores están ejerciendo «competencias impropias»,  y además no cumplen con la diligencia debida con la presentación legal de sus cuentas,  están condenadas a desaparecer y a perder su personalidad jurídica, sus derechos y sus bienes.

 

—Ahorrar es el mantra. ¿Cómo afecta a la democracia?

 

—El mantra del ahorro y de  la «austeridad» aparece por doquier y el preámbulo de la Ley es un rosario de tópicos y de retórica política. La racionalidad y sostenibilidad son las claves demagógicas, y el ahorro la justificación de los desmanes políticos y democráticos que se derivan de la Ley,  al dejar a los municipios pequeños sin verdadera representación y obligándoles a la cesión de soberanía democrática, siempre hacia arriba, lo que ha sido calificado como de recentralización administrativa y política. El propio Consejo de Estado pone en duda la pulcritud constitucional de tales propuestas. Y por supuesto pone en duda el mantra del ahorro al carecer de justificación real  a partir de la supresión de las «competencias impropias»

 

—El Consejo de Estado da un varapalo a la reforma pero no es vinculante. ¿Qué aspectos son más relevantes?

 

—Alude a la confusión de los aspectos técnicos con principios que atentan a los derechos constitucionales de la autonomía local.

Critica el concepto tecnocrático de «competencias impropias» al cercenar la vida municipal.

Pide que se elimine, por su falta de rigor y por su injustificada imposición. el polémico concepto de «coste estándar» que supondría sobreelevar los costes de los servicios en manos de las diputaciones o  de los consorcios privatizados.

Pone en entredicho la cesión del poder municipal y de las competencias a las diputaciones porque «son entidades representativas de segundo grado no sujetas a mecanismos de elección directa». A los roces con las competencias de las comunidades autónomas y a la débil clarificación  de los criterios para la fusión de municipios.

Se pronuncia a favor de garantizar la seguridad  jurídica de las entidades locales menores y es de destacar la valoración positiva de las competencias de salud, educación y servicios sociales como claves en la cohesión social y territorial.

 

—Herrera ha pactado con las restantes fuerzas políticas la ordenación territorial. ¿Qué les propone? ¿Hay que defender la división territorial comarcal?

 

—Las comarcas existen aunque la Junta de Castilla y León lo niegue, y  aunque el proyecto de Ley  no tenga la sensibilidad para mencionarlas y para plantear una ordenación coherente con las necesidades territoriales y sociales. Un desiderátum tecnocrático y neoliberal que desde Valladolid se intenta imponer bajo pautas de economía de escala, de nuevo los 20.000 habitantes, y bajo la resurrección del poder neocaciquil de las diputaciones. La propuesta comarcal  que se hizo en 1985 es, 28 años después, más coherente y viable que el modelo  que se nos propone, protagonizado por la concentración y polarización urbana. El PSOE se equivoca, creo, si apoya este modelo.

 

—¿La despoblación rural está afectando a la gestión del patrimonio de los pueblos?

 

—Por supuesto, la infrautilización de los recursos naturales de los pueblos es la manifestación más común de la despoblación.

O, a veces, la intromisión de intereses foráneos poco respetuosos con el medio ambiente y el patrimonio rural penetran engañosamente en juntas vecinales débiles y desestructuradas. Podrían citarse ejemplos de abusos  en la gestión de  los bienes, pero en el conjunto de Castilla y León y en nuestra provincia, a pesar de la despoblación y desarticulación de usos,  la mayoría están comprometidas con la conservación y buena gestión de sus bienes comunales y públicos. Son garantía de la soberanía alimentaria de nuestra tierra.