La idea de una Cataluña que sea independiente en la UE gana terreno
Su peso económico podría lograr que a medio plazo se convierta en estado miembro.
Artur Mas, al inicio de una reunión del Gobierno catalán.
El debate sobre la viabilidad de la independencia fuera de Europa se ha precipitado sin haberse aclarado siquiera si habrá consulta ni qué pregunta se formularía ni qué resultado arrojarían las urnas.
El debate soberanista en Cataluña se ha saltado en 72 horas tres o cuatro etapas de una tacada. Cuando ni siquiera se sabe aún si habrá consulta ni qué pregunta incluirá ni cuál puede ser el resultado y qué consecuencias ocasionará, políticos y juristas se han entregado a discutir con fruición sobre si Cataluña independiente tendría o no encaje automático en la UE.
La polémica la puso sobre la mesa el vicepresidente de la Comisión, Joaquín Almunia, al afirmar el lunes que si Cataluña se independiza de España dejará de formar parte de la Unión. Sus palabras, refrendadas por el comisario Michel Barnier y los portavoces de la Comisión y el Parlamento europeo, fueron claras y contundentes, aunque desde Cataluña trataron de rebatirlas a todos los niveles cuando no se hicieron oídos sordos. El argumento más utilizado por quienes relativizan las advertencias de Bruselas es que «no es posible asegurar de manera tajante cual sería la decisión de la Unión Europea, teniendo en cuenta que no existe ninguna norma internacional ni de la propia organización que dé respuesta expresa a este tipo de situaciones», según defiende el profesor de Derecho Internacional Público y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rovira i Virgili, Alfonso González.
A su juicio, la decisión de la UE ante una situación de secesión en un estado miembro puede pasar de la «exclusión definitiva», a la «adhesión simultánea» en el propio momento de la proclamación de la independencia, pasando por «soluciones transitorias» que permitieran la aplicación del ordenamiento jurídico de la Unión en el territorio del nuevo Estado hasta que se modificaran las normas que permitirían su adaptación definitiva.
La Generalitat se aferra a la falta de un articulado específico en los tratados comunitarios y, al margen de la manifestaciones de tipo personal que hacen de vez en cuando los comisarios, y espera la posición oficial de la Comisión que, como recuerda el profesor González, sólo llegará cuando lo reclame un Estado miembro. Hasta entonces, solo habrá opiniones más o menos fundamentadas.
La Generalitat sobre todo se agarra a que pase lo que pase el nuevo estado no saldrá del euro. Desde Bruselas recordaron a Artur Mas que, en efecto, podría usar el euro como moneda, pero Cataluña no pertenecería a la eurozona.