Los achaques de la Constitución
La cuestión catalana y el desgaste de las instituciones que España se dio en 1978 ponen a prueba la vigencia del texto. La mayoría de los ciudadanos quiere actualizarla.
Tiene 35 años de vida y algunos achaques. La crisis institucional que trajo consigo la debacle económica y la fuerte consolidación del independentismo en Cataluña han agudizado un debate que, en realidad, llevaba años abierto, el de si ha llegado el momento de abordar una reforma de la Constitución para dar respuesta a las demandas de una sociedad que no es la de 1978. El principal partido de la oposición ha puesto sobre la mesa una propuesta con tres patas, la terriorial, la del modelo económico y la de la mejora de la participación ciudadana. Alfredo Pérez Rubalcaba asegura que se acabará abriendo paso, pero el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha dejado claro que no percibe consenso suficiente para adentrarse en una tarea tan compleja y sustancial.
La demanda ciudadana para un cambio, aún así, parece evidente. Los últimos datos del CIS se remontan a enero del 2012, apenas dos meses después de las elecciones generales en las que el PP se alzó con la mayoría absoluta, pero ya entonces más del 58,6% de los consultados se manifestó a favor de una reforma.
Incluso entre los mayores de 65 años —que a diferencia del 75% de los electores participaron en el anterior proceso constituyente— la creencia de que deben hacerse modificaciones, 41,5%, supera con amplitud a la idea de que es mejor no tocarla, 25,5%.
Que decidan los españoles
Nadie entre las fuerzas parlamentarias se ecuentra en esa última posición. Ni siquiera el PP. El diputado Arturo García-Tizón, abogado del Estado y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, insiste en que el inconveniente no está en que la Carta Magna deba seguir como está sino en las dificultades objetivas para no violar los ejes centrales de un articulado con el que, hasta ahora, se han sentido cómodos «las izquierdas, las derechas y los nacionalistas». El resto de los partidos, con salvedades como la de ERC, que sostiene que el debate no le incumbe porque «la Constitución de los españoles que la decidan los españoles», dice su portavoz, Alfred Bosch, afirman en cambio que la reforma es «urgente».
El portavoz de IU en la comisión Constitucional, Joan JosepNuet, defiende incluso que sería necesario abrir un «nuevo periodo constituyente», pero asume que mientras el PP no esté «minorizado y en la oposición» no será posible.
El representante del PNV, Aitor Esteban, doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Deusto, compara la Carta Magna con una «uva pasa» a la que las mayorías del PSOE y PP han reinterpretado según sus propios intereses. Y los partidos catalnes creen que se usa como un instrumento para negar la voluntad de los pueblos a decidir.
Qué estado
Las cuestiones en torno a las cuales se centra el debate están claras. Los posibles puntos de encuentro, no tanto.
Autonomías, federaciones y autodeterminación. El PP pone en valor que la de 1978 es la única constitución española que logró de manera «seria y éxitosa» contentar a todos, pero reconoce que no ha logrado solventar las tensiones nacionalistas en Cataluña y País Vasco. Advierte, no obstante, de la complejidad que supondría modificar el Título VIII, el referido al modelo de Estado, porque cualquier variación en la actual foto fija de las comunidades chocaría con presiones territoriales de incierto desenlace. PNV y CiU se quejan de que su singularidad se ha perdido en una Constitución que intenta igualar a 17 territorios. Exigen una reforma de calado, que no se quede en medidas cosméticas, el federalismo tampoco les vale, que permita consultar a vascos y catalanes si quieren ser o no una nación.
También IU aboga por reconocer el derecho de autodeterminación en una España federal que, por lo demás, dice, podría ver reducido el número de comunidades.
Los socialistas dan por bueno que Cataluña y País Vasco necesitan un reconocimiento expreso de sus singularidades, incluso en materia fiscal.Además proponen sustituir el Senado por un consejo territorial en el que estén representados los ejecutivos autonómicos y con capacidad legislativa plena sobre determinadas cuestiones, algo similar al Bundesrat de Alemania. Pero rechazan taxativamente el derecho de secesión, algo que los distancia de sus socios del PSC.
La cuestión del rey
La Corona. Modernizarla o suprimirla. La posición de PP y PSOE haría difícil un cambio en la forma del Estado. A pesar de que en el principal partido de la oposición existe un claro republicanismo ideológico, la dirección del partido ha dejado claro que no está por cambiar un modelo que ha propiciado gran «estabilidad» política. Ahora bien, sí querría «modernizar» la institución y someterla a un tipo de control, en términos de transparencia, que hoy no permite el texto constitucional. Además, como el PP, considera necesario acabar con la primacía del varón en la línea sucesoria. La diferencia está en que los populares dan por sentado que la renovación de los artículos que atañen a la Casa Real derivaría en el debate entre Monarquía o República.
Los dos principales partidos de izquierda también sostienen que es preciso blindar constitucionalmente los derechos sociales y garantizar su prestación en términos de igualdad en todos los territorios.
