Rajoy mantendrá su presión sobre ETA y asegura que no habrá impunidad

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de tumbar la doctrina Parot era esperada por el Gobierno. Todos los indicios que llegaban de Estrasburgo auguraban un desenlace contrario a las tesis de la Abogacía del Estado en su recurso. La respuesta que el Ejecutivo dio ayer a la sentencia tuvo como principal objetivo construir, a partir de la máxima invariable de que mantendrá su presión policial y judicial sobre ETA, una barrera de argumentos con los que intentar contener la indignación de las víctimas, pero también el malestar que provoca en el sector más conservador del PP la excarcelación de decenas de terroristas con graves delitos.

El Gobierno intentó hilar fino y organizó una comparecencia conjunta de los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz, para incidir en que acatará la resolución de Estrasburgo, como lo hacen todos los estados miembros de la Unión Europea, pero con la garantía de que tanto la Fiscalía General del Estado como la Audiencia Nacional revisarán «uno a uno» todos los casos pendientes para evitar una salida masiva de la cárcel de los terroristas. Por lo tanto, los máximos responsables de Justicia e Interior negaron que se vaya a producir una desbandada y recordaron que sólo afecta a los presos que cometieron sus delitos antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995.

Ambos ministros lamentaron la decisión de la corte europea y admitieron el «dolor» que esta sentencia va a provocar entre aquellas personas que padecieron la violencia terrorista. Tampoco fue casualidad que Fernández Díaz hiciera hincapié en que el Gobierno «no ha negociado ni negocia ni negociará con ETA».

El ministro de Justicia explicó que la indemnización a Inés del Río pasará a enjugar parte de las contraprestaciones económicas con las que la etarra debe resarcir a los familiares de todas sus víctimas y que, al declararse insolvente, adelantó el Gobierno.

Fernández mandó otro recado al entorno del colectivo de presos de ETA, no habrá «impunidad» y no tolerará ningún acto de exaltación del terrorismo ni ningún gesto que humille a los damnificados.