Rubalcaba intenta ganar terreno con un volantazo a la izquierda

La dirección del PSOE se lanzó ayer al contraataque para combatir su mayor miedo: que los trabajos de la Conferencia Política, en la que llevaba trabajando cerca de año y medio acaben sepultados por la inquietud que produce en el partido la falta de un líder capaz de darles proyección. Tras cinco días noqueado, puso en marcha el ventilador de ideas con las esperanza de cubrir el espacio que durante esta semana han llenado con cuestiones de índole interna Patxi López, Felipe González o Carme Chacón. Y se lanzó a decir lo que, en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba, «quiere decir a los españoles»; esto es que tienen soluciones para los grandes problemas de España. Soluciones que, según la vicesecretaria general, Elena Valenciano, pasan por ser más «rojas, moradas y verdes», o sea, más de izquierdas, más feministas y más ecologistas.

En plena revisión del escenario que acogerá el cónclave, Valenciano y el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, anunciaron su intención de garantizar por ley que todos los ciudadanos tengan asegurada el agua, el gas y la electricidad y que no sea posible privarles de una mínima cobertura ni siquiera en caso de impago, cuando los recursos familiares sean insuficientes y en tanto se tramitan ayudas sociales. A esa medida, se suma otra de última hora introducida en el apartado de la ponencia dedicado a la reforma fiscal con la que, según aseguran, sería posible recaudar 50.000 millones de euros más en cinco años. La novedad estaría en eximir de la declaración de la renta a parados, pensionistas y trabajadores con ingresos inferiores a los 16.000 euros al año. Una suerte, dicen, de «blindaje social» o «escudo fiscal».

Los casi 400 folios de que consta la ponencia que, durante la tarde de hoy, discutirán más de mil participantes, entre militantes e invitados, contienen en todo caso otras muchas propuestas discutidas a lo largo del año en foros sectoriales y a las que se han presentado más de 12.000 enmiendas.

Los socialistas defienden que es necesario abordar una reforma de la Constitución pero no solo como salida a la crisis abierta con Cataluña. Defienden que es preciso blindar derechos como la sanidad, la educación y los servicios sociales y garantizar unos mínimos homogéneos en todas las comunidades autónomas, inviolables incluso en tiempos de vacas flacas.

También defienden la creación de un nuevo impuesto sobre la riqueza que aúne IRPF y patrimonio; impuestos para la banca y regulación sobre los bonus de los directivos. Un terreno, este último, en el que ya le ha adelantado el Gobierno (de derechas).

Se abren a una mayor participación ciudadana, pero se oponen a la democracia «directa o asamblearia». En línea con el 15-M, defienden las primarias obligatorias para todos los partidos; los «presupuestos participativos» en los municipios, y una semiapertura de las listas electorales para que los votantes puedan señalar a sus candidatos preferidos.

Décadas después de haber gobernado con ellos sin modificarlos, el PSOE denuncia los acuerdos con la Santa Sede. Pero no retira su apoyo a la Monarquía parlamentaria.