La Fiscalía rechaza imputar a la infanta Cristina

El juez José Castro «se quedó de piedra», según afirman personas de su círculo, cuando a última hora de ayer su ex amigo el fiscal Pedro Horrach se presentó en su despacho para entregarle en persona un informe de 27 páginas en el que rechaza de manera categórica imputar a la infanta. En ese documento, Horrach, que hasta hace solo unos días no descartaba permitir la nueva citación de la duquesa, reclama ahora apartar para siempre a la hija del rey del caso Nóos.

Y todo ello sin siquiera saber si el juez finalmente va a acusar a la duquesa y, sobre todo, sin esperar a que la Agencia Tributaria y la Policía entreguen los tres informes claves reclamados por el magistrado para aclarar si Cristina de Borbón participó de manera activa en el fraude fiscal o blanqueo de capitales de su marido, Iñaki Urdangarín.

En los juzgados de Palma la presentación de este ‘informe preventivo’, como lo denominaron algunos, fue una sorpresa mayúscula, ya que Anticorrupción sabía, porque el juez lo había anunciado en un auto, que una vez que tuviera en su poder los últimos informes iba a dar traslado a las partes de esos documentos y preguntarles si, a la vista de esos datos, apoyaban o no la citación como imputada de la duquesa. Pero Horrach no quiso esperar y, en una maniobra muy inusual, aunque totalmente legal, se anticipó a la consulta y presentó su alegato a favor de Cristina de Borbón en el que tacha de «meras conjeturas o sospechas» los indicios contra la infanta.

La presentación de este escrito -explicaron fuentes de los juzgados de Palma- no «va a marcar la agenda» del magistrado, quien sigue con su idea de consultar a las partes y, llegado el momento, de citar a la infanta como imputada si ve indicios suficientes. Según estas mismas fuentes, Castro, si finalmente decide llamar a declarar a la duquesa, esta vez no va a suspender el interrogatorio aunque se lo pida el fiscal, cosa que sí hizo la pasada primavera. El simple recurso del Ministerio Público contra una imputación no provoca por sí la suspensión de la declaración.

Anticorrupción, en el documento que la Fiscalía General del Estado se apresuró a hacer público solo unos minutos después de que Horrach saliera del despacho de Castro, sostiene que en los más de 30.000 folios que ya componen el sumario hay una «inexistencia absoluta de indicios de criminalidad» de la hija menor de don Juan Carlos.

Para el Ministerio Público, no hay la más «mínima apariencia delictiva» en los hechos narrados en los informes policiales y de Hacienda que revelan que la infanta tenía acceso a las cuentas de Aizoon donde se desvió supuestamente dinero público o importantes cantidades de origen desconocido. También indican que recibía cada semana desde las arcas de Aizoon pagos de entre 600 y 700 euros; que usó la tarjeta Visa de la empresa ficticia para pagar durante siete años gastos personales; que participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de esa mercantil; y que giró facturas contra esa firma como si fuera un proveedor externo. Los mismos documentos dicen que Aizoon le pagó cursos laborales; que firmó autoalquileres ficticios; que fue miembro de la directiva del Instituto Nóos; que recibió directamente a su nombre dinero procedente de Nóos Consultoría; o que el matrimonio usó el dinero de esa sociedad fantasma para reformar su mansión de Pedralbes, entre otras supuestas irregularidades fiscales.

Ninguno de estos hechos, explica Horrach, «constituyen elementos válidos de imputación». Es más, las actividades que relatan esos documentos no hacen merecedora a la infanta si quiera de la condición de «cooperadora» de los «delitos fiscales cometidos por su marido». La Fiscalía orilla los informes e insiste en que el hecho de que Cristina fuera mero «socio no administrador» de Aizoon no basta para imputarle.

Lo único que admite el Ministerio Público es que Cristina de Borbón sea responsable civil a título lucrativo de los delitos fiscales de su esposo.