La Generalitat pone en marcha la maquinaria para celebrar la consulta
El Gobierno catalán trabaja en los aspectos técnicos, entre ellos la confección del censo.
Joana Ortega es la vicepresidenta del Gobierno catalán.
Un día después del acuerdo suscrito entre los partidos soberanistas catalanes para fijar la fecha y la pregunta sobre la consulta independentista, la Generalitat puso en marcha toda su maquinaria con vistas a celebrar el referéndum el 9 de noviembre de 2014. Empezó a confeccionar el censo de electores y las fuerzas soberanistas registraron en el Parlamento de Cataluña la petición al Gobierno de Mariano Rajoy para que delegue las competencias para la celebración del referéndum. Solicitud que será debatida, y con toda seguridad rechazada, en el Congreso.
La administración catalana quiso escenificar que se ha puesto manos a la obra para tratar de neutralizar un cierto pesimismo que se ha instalado en la sociedad catalana, que más allá del paso histórico dado el jueves al anunciar el enunciado y el día de la votación, teme que problemas de índole legal harán imposible la celebración de la histórica votación. El Ejecutivo catalán dice que intentará hasta el último minuto el pacto con el Gobierno central, pero mientras tanto, quiere tener toda la logística lista, desde la premisa de que la administración española no colaborará en la consulta.
La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, relató ayer que un equipo de veinte personas de su departamento ha recibido el encargo de preparar todos los aspectos técnicos que rodean al referéndum. El primero, y casi el más importante, es la elaboración de un censo propio. Si el Gobierno autorizara la consulta, la Generalitat no necesitaría confeccionar un censo paralelo porque el Estado, que es quien tiene la competencia exclusiva en esta materia, se lo cedería como hace en las elecciones autonómicas. Pero teniendo en cuenta que la autorización del Gobierno de Rajoy es casi imposible que llegue, la Generalitat prepara un registro de participantes, que se crearía con la autorización explícita de cada uno de los electores y que se incluiría en la ley catalana de consultas.
Esta norma, según el texto inicial que aún debe aprobar la Cámara catalana, permitirá participar en el referéndum a todos los ciudadanos españoles o europeos que estén empadronados en Cataluña y tengan más de 16 años. En un primer momento, se especuló con que el Gobierno catalán podría emplear la tarjeta sanitaria o los datos del empadronamiento para elaborar el censo, pero estas opciones están casi descartadas.
En paralelo, los cuatro partidos soberanistas, CiU, Esquerra, Iniciativa y CUP, registraron en el Parlamento de Cataluña una petición al Congreso para que permita al Gobierno catalán convocar en 2014 un referéndum. El texto, que deberá debatirse en la cámara autonómica en un pleno en enero, insta a las Cortes de España a «delegar en la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo». La iniciativa llegará al Congreso por una doble vía, en forma de proposición de ley, que puede ser más lenta, y a través de una propuesta de resolución planteada por los diputados de CiU, Esquerra e Iniciativa en Madrid.
En el día después del acuerdo, los cuatro partidos que impulsan la consulta no solo reconocieron las dificultades que se encontrarán durante el camino, sino que no fueron capaces de mostrarse como frente monolítico. Convergència, Unió y el Ejecutivo catalán coincidieron, alguno con más contundencia que otro, que la consulta sólo se hará ajustada a la ley española o la catalana, pero en este último caso siempre que no sea impugnada al Constitucional.