Gobierno y PP presionan para evitar el paseíllo de la infanta en el juzgado

De nuevo los famosos 40 metros de la rampa de los juzgados de Palma, y de nuevo la polémica de si debe o no hacer el paseíllo un imputado del caso Nóos, en este caso la hija del rey el próximo 8 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión hay una novedad. El ministro de Justicia y diversos dirigentes del PP reclamaron sin ambages al Decanato de los Juzgados de Palma un trato de favor a la infanta del que nunca ha gozado nadie de los que han declarado como imputados y testigos en el caso Nóos; esto es, llegar en coche hasta la puerta del juzgado y ahorrarse descender la cuesta del callejón trasero del edificio. Un largo minuto de exposición a los flashes de las cámaras y, quizás, a los gritos lejanos de los manifestantes, a los que en cualquier caso ni llegará a ver.

Alberto Ruiz-Gallardón encendió la polémica ayer cuando fue preguntado si debería o no evitarse a la duquesa el paseíllo que por dos veces, en febrero de 2012 y febrero de 2013, hizo su marido. El titular de Justicia dijo confiar en que la «Sala de Gobierno» (sic) de la Audiencia palmesana evitará que la hija del Jefe del Estado tenga que enfrentarse a «situaciones de carácter previo» que puedan considerarse «perjudiciales» para ella. En realidad, se trataba de un desliz del ministro porque la decisión corresponde en exclusiva al decano de los juzgados y no a la Audiencia.

El máximo responsable de Justicia insistió en la cadena Cope en que «no se deben producir penas paralelas» con la infanta y se mostró «seguro» de que los superiores del juez José Castro tomarán «medidas para evitar» situaciones incómodas o humillantes para la hija del rey.

Aunque el propio Castro, el pasado lunes ya amonestó a la defensa de la infanta por intentar presentar esta declaración como «voluntaria», Ruiz-Gallardón aseguró que es «obvio» que la «actitud de colaboración» de Cristina de Borbón no debería llevar emparejada una «pena paralela», como la del paseíllo.

El fuego que encendió el ministro fue avivado poco después por la presidenta del PP de Madrid. Esperanza Aguirre aseguró que sería «estupendo que la infanta entre por el garaje» a los juzgados de Vía Alemanya. «Hasta ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo, que yo sepa», abundó. «Todos somos iguales ante la ley pero no ante los medios de comunicación y eso es una verdad como un templo», zanjó la expresidenta madrileña.

Las presiones del PP y del Gobierno provocaron de inmediato la reacción de la mayoría de la oposición, con el PSOE a la cabeza. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, recordó que «todos somos iguales ante la ley y hay que actuar en consecuencia». La líder de UPyD, Rosa Díez, también se preguntó por qué el Gobierno se empeña en «proteger a nadie» cuando su objetivo debería ser defender el interés general.

Lo más curioso de esta polémica es que ni siquiera los abogados de la infanta han decidido si pedirán que su cliente entre por la puerta de atrás o sea protegida de alguna manera. Y desde luego no lo ha solicitado. El director de su defensa letrada, Miquel Roca, ya ha insistido que el tema de la rampa es «absolutamente anecdótico». No obstante, el abogado que lleva el caso, Jesús María Silva, dejó claro ayer que preferiría que no hubiera paseíllo. Silva explicó que si de él «dependiera» la decisión, su patrocinada no bajaría la famosa cuesta, aunque dijo que «no le consta» que su despacho vaya a «plantear» que entre hasta el juzgado en coche. La última palabra sobre este asunto, como ya ocurrió con las dos declaraciones de Urdangarín, la tendrá el juez decano de Palma.