El Tribunal Constitucional paraliza la ley antidesahucios de Andalucía
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la ley andaluza para el cumplimiento de la función social de la vivienda, más conocida como ley antidesahucios y que permitía la expropiación temporal de uso de las casas en casos de familias con grave riesgo de exclusión social. La admisión lleva aparejada la suspensión cautelar de los procedimientos abiertos en la actualidad, unos 37 en fase de alegaciones y casi 200 en la fase inicial.
El recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la ley estrella del gobierno de coalición de PSOE e IU en Andalucía, en vigor desde el 9 de octubre, ha tardado apenas un mes en ser admitido. Los argumentos aducidos son los mismos que en el recurso contra el decreto antidesahucio, una norma más reducida que permitió a la Junta de Andalucía empezar a actuar de forma inmediata en plena oleada de desahucios e incluso de suicidios de quienes iban a perder su casa. En concreto, se alega que se invaden competencias exclusivas del Gobierno central ya que afecta al contenido esencial del derecho a la vivienda, y que es contraria al principio de igualdad, según explicó en su momento la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.
Asimismo, el Gobierno recurre la parte del decreto referido a las sanciones a las entidades bancarias que mantengan viviendas vacías, un artículo con el que la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, pretendía forzar una bajada del precio de la vivienda más acorde con la situación de crisis. Según la Moncloa, estas sanciones no permiten establecer una «responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad».
La decisión del Constitucional supone en la práctica la suspensión cautelar de todos los procedimientos abiertos durante al menos los próximos cinco meses, transcurridos los cuales el tribunal deberá decidir si prorroga la medida o se pronuncia sobre el fondo de la cuestión.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, adelantó que reclamarán que se suspenda la paralización cautelar y se mostró muy crítica con el recurso.