Los inspectores de Hacienda niegan presiones para exonerar a la infanta

Los tres inspectores de la Agencia Tributaria y el mando policial que declararon ayer ante el juez del caso Nóos aseguraron que no sufrieron ninguna presión de sus superiores ni tuvieron injerencia alguna en el trabajo para exonerar de delito fiscal a la infanta Cristina en sus informes. Los expertos se ratificaron ante José Castro en que la hija del rey no cometió ningún ilícito tributario porque, de haberlo, ella no era la administradora de Aizoon, papel que desempeñaba Iñaki Urdangarín, ni tenía actividad profesional alguna en dicha inmobiliaria aunque era copropietaria de la misma.

El instructor del caso Nóos imputó a la infanta Cristina por un presunto delito fiscal y por otro de blanqueo de capitales y la ha citado a declarar el 8 de febrero. Pero a tenor de los testimonios de los inspectores de Hacienda y de una inspectora jefe del grupo de Delincuencia Económica de la Policía el delito fiscal no existió porque el papel de la esposa de Urdangarín era irrelevante a efectos de la actividad económica de la empresa pantalla de la pareja y que fue utilizada para desviar los fondos públicos obtenidos por el Instituto Nóos en sus contratos con las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana.

Cristina de Borbón no facturaba ninguna actividad profesional suya a través de Aizoon ni era la administradora de la firma, señalaron los testigos interrogados. Era una socia no administradora sin funciones ejecutivas, según el resumen que hicieron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

En el supuesto de que conociera el origen ilícito de los fondos de la inmobiliaria y los destinara a gastos privados, como la reforma de su residencia en el barrio barcelonés de Pedralbes o a financiar viajes particulares, comidas y fiestas familiares, tampoco se puede calificar de blanqueo de capitales, aseveró la inspectora de la Policía, de acuerdo a las fuentes jurídicas. Un testimonio que contradice de plano los argumentos utilizados por el instructor en su amplio auto de imputación de la infanta.

Uno de los asuntos más controvertidos de la declaración estuvo en las tres facturas por valor de 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una sociedad instrumental de Diego Torres, el exsocio de Urdangarín en Nóos, porque en un primer momento fueron consideradas falsas por la Agencia Tributaria y luego fueron aceptadas como válidas a efectos fiscales. Quedó claro en el testimonio de los expertos que se trató de unas facturas por un servicio profesional inexistente y que el dinero debía corresponder a un ingreso de Urdangarín y Torres que repartieron a medias mediante facturas cruzadas, que era su ‘modus operandi’ habitual. Se trata, admitieron los expertos, de facturas «simuladas».

Esos casi 70.000 euros fueron deducidos del impuesto de sociedades que pagó Aizoon en 2007, y de no haberlo hecho hubieran incurrido en delito fiscal porque en ese ejercicio la inmobiliaria habría defraudado más de 120.000 euros, suma a partir de la cual se considera que hay un ilícito fiscal.

Ahora Castro deberá decidir si mantiene la imputación de la infanta por los mismos delitos o modifica su calificación.