La Audiencia de Sevilla quita a la juez Alaya el caso de las facturas falsas de UGT
La juez Mercedes Alaya ya no llevará la instrucción de las supuestas facturas falsas de UGT-Andalucía y el desvío de fondos públicos para gastos internos. La Audiencia de Sevilla dictó un auto en el que ordena que el caso pase a otro juzgado al entender que no guarda relación alguna con la actuación sindical en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. El caso se repartirá ahora en función de las normas habituales de los juzgados.
El caso se remonta a comienzos del pasado año, cuando saltaron a la luz los primeros atestados policiales que señalaban que las centrales sindicales habrían cobrado millonarias sobrecomisiones de empresas mediadoras por participar en la tramitación de las prejubilaciones irregulares pagadas por la Junta de Andalucía. Esos informes hablan de que CC OO y UGT recibieron hasta 7,6 millones de euros, y ponían de manifiesto cómo algunos dirigentes sindicales regionales o provinciales se dirigían directamente a esas empresas mediadoras para exigirles ciertas cantidades de dinero, a sabiendas de que procedían de fondos públicos, por gastos derivados de manifestaciones, pancartas o demás movilizaciones.
En algunos autos, Alaya habló sin tapujos de que los sindicatos encontraron en estas actuaciones una vía de «financiación irregular». Ambas centrales «habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial», señaló textualmente. De esta manera, en septiembre la juez decidió abrir una pieza separada del caso ERE, declarada bajo secreto sumarial, para ahondar en estos supuestos hechos delictivos.
En plena polémica por la actuación sindical, con dirigentes implicados en el caso ERE, en agosto empezaron a aparecer denuncias sobre facturas irregulares de UGT-Andalucía. El escándalo acabó provocando la dimisión del anterior secretario general de UGT, Francisco Fernández Sevilla, en noviembre.
La Sección Séptima de la Audiencia estima que las supuestas irregularidades contables no guardan relación con el uso fraudulento de los fondos públicos desde la Dirección General de Trabajo de la Junta, esencia del caso ERE.