La juez de los ERE imputa al presidente de la principal caja de ahorros andaluza
. . Cita a declarar al directivo de Unicaja, de la que forma parte Caja España, y la directiva de la Agencia Idea.
La juez Mercedes Alaya dio ayer un nuevo salto cualitativo en la instrucción al imputar al presidente de Unicaja Braulio Medel, responsable de la principal entidad bancaria de la comunidad y una de las más importantes del país, de la que forma parte Caja España. En un auto dado a conocer ayer la juez señala que como miembro del consejo rector de la Agencia Idea tuvo que conocer el convenio de la Junta que convirtió a esta entidad pública en el brazo ejecutor de las ayudas irregulares concedidas por la Consejería de Empleo. Tanto Medel como la otra veintena de personas imputadas declararán la próxima semana.
El nuevo auto de la juez pone en el disparadero a varios directivos de banca de la comunidad, que formaron parte de ese consejo rector. Es el caso de Medel y del ex presidente de la extinta Caja de Ahorros El Monte -integrada en Banca Cívica y posteriormente en Caixabank–, José María Bueno Lidón, así como a varios ex directores generales de la Junta de Andalucía. Su implicación se deriva del informe policial sobre las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla, que fueron a parar en su mayoría al entramado societario de dos ex concejales socialistas ya implicados en la causa.
De esta manera, el grupo empresarial liderado por Enrique Rosendo y José María Sayago, en el que llegó a trabajar una hija del diputado socialista y ex consejero de Empleo José Antonio Viera, se benefició de ayudas valoradas en 34 millones de euros. A veces incluso con empresas sin empleados o sin actividad, según relata el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Así, según explica la juez, el consejo rector de la Agencia Idea tuvo que tener conocimiento del convenio marco firmado en 2001 por la Junta de Andalucía que establecía el sistema de transferencias de financiación a esta entidad como vía de pago de ayudas sociolabores, un uso considerado irregular por Alaya, como ha explicado en numerosas ocasiones.
Los miembros del consejo rector habrían aprobado por tanto el pago de esas ayudas ilegales, ordenadas por la Consejería de Empleo y que la Agencia Idea se limitaba a abonar siguiendo las indicaciones del director general de Trabajo.