El Gobierno teme un alud de demandas contra el rey antes de su aforamiento
Don Juan Carlos estará como mínimo quince días sin el blindaje del Tribunal Supremo.
El príncipe Felipe, el matrimonio Peña Nieto, los reyes y la princesa Letizia.
Serán demandas, querellas y denuncias contra don Juan Carlos que, probablemente, quedarán en nada. Pero serán posibles acciones judiciales penales, civiles y contenciosas que durante semanas cualquier juzgado de instrucción de los centenares que hay en España podrá admitir sin ningún tipo de cortapisa en tanto en cuanto el ya ex jefe del Estado no esté formalmente aforado ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno y sus servicios jurídicos temen una verdadera avalancha de demandas «interesadas», «propagandísticas» o directamente «sin base jurídica» contra don Juan Carlos a partir del mismo momento que deje la Jefatura del Estado, el próximo 19 de junio, y no le sea aplicable el artículo 56.3 de la Constitución, que establece que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».
Según explicaron ayer diversos responsables del Ejecutivo, los servicios jurídicos ya trabajan con la posibilidad cierta de que don Juan Carlos se quede sin blindaje legal alguno al menos entre dos y cuatro semanas. Aún pisando el acelerador a fondo, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para aforar de manera urgente al monarca nunca estará en vigor antes de la proclamación de Felipe VI la próxima semana.
El Gobierno, por ahora, sigue apostando por impulsar la reforma de la ley orgánica a través de un proyecto de ley. Como muy pronto, el anteproyecto podría aprobarse en el Consejo de Ministros del 13 o el 20 de junio. Y a partir de ahí haría falta, al menos, un mes para la tramitación, aprobación y entrada en vigor, incluyendo una espera de dos semanas para que los órganos consultivos emitieran los correspondientes informes.
La otra posibilidad que exploran los técnicos de Moncloa sería tramitar la reforma de la LOPJ a través de una proposición de ley presentada en el Congreso por los populares y, quizás, con el apoyo de otros partidos. Esta opción, con menos posibilidades, ahorraría, como ocurrió en la tramitación de la reforma de la justicia universal, el trámite de consulta a los órganos consultivos, pero aún así durante dos semanas o más el todavía rey no tendría aforamiento alguno. En ese lapso de tiempo, en teoría, cualquier ciudadano o colectivo podría demandar a don Juan Carlos ante un juzgado ordinario. El juez, siempre sobre el papel, tendría potestad para aceptar esa demanda y tramitarla, aun con la oposición de la Fiscalía. Es más, podría ordenar practicar diligencias de investigación e, incluso, citar al ex jefe del Estado como testigo o imputado.
Polémica cacería
En 2012, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional (MCRC) demandó al rey por un presunto delito de cohecho pasivo impropio al aceptar que el empresario saudí Mohamed Eyad Kayali pagara los gastos de su polémico safari en Bostwana. La Fiscalía frenó de raíz aquella acción judicial apelando a su inviolabilidad. Por aquella cacería, el Partido Animalista también pidió sin éxito a un juzgado de Soria la imputación de don Juan Carlos por «prácticas de caza prohibidas». Poco después de que anunciara su abdicación, el partido de la soberanía amplió la semana pasada en la Audiencia Nacional la querella que interpuso contra el monarca, acusándole de haber participado en la denominada ‘trama civil’ del 23-F. Y, en Argentina, una querella ante la juez María Servini, que investiga los crímenes del franquismo, pidió que se citara como testigo a don Juan Carlos por ser el sucesor en la Jefatura del Estado del general.
El presidente del Congreso insistió ayer en la necesidad de tramitar «con urgencia» el aforamiento del todavía rey ante la posibilidad ce que alguien busque «follón» con una demanda para «apuntarse un tanto en la lucha por la República».