Tibia defensa del Poder Judicial al juez Castro
El Consejo General del Poder Judicial no está dispuesto a entrar en guerra con la Fiscalía por defender al instructor del caso Nóos de los ataques personales de Anticorrupción. La Comisión Permanente del órgano de los jueces, después de que seis de sus vocales progresistas pidieran una declaración de reproche a Pedro Horrach por sus descalificaciones al magistrado José Castro a cuenta de la confirmación de la imputación de la infanta, se limitó a emitir un tibio escrito de apoyo al juez. Un texto en el que, sin citar a ninguno de los dos protagonistas de esta confrontación procesal, afeó que haya escritos judiciales que puedan poner en duda el trabajo de los instructores.
El Poder Judicial, por unanimidad, aprobó un acuerdo en el que, de manera genérica, advierte «que la utilización en escritos o alegaciones procesales de expresiones que puedan sembrar dudas sobre la objetividad e independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus cometidos, más allá de la legítima y necesaria crítica a las resoluciones judiciales, no contribuye a reforzar la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
Adoptando una posición de árbitro, alejada de la defensa cerrada que la Fiscalía General hizo de Horrach, la Comisión hizo un llamamiento «a todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales» para «que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los jueces y magistrados».
El juez Castro, a pesar de la dureza del recurso de Horrach contra su auto que puso punto y final a la instrucción del caso Nóos, no solicitó el amparo del Consejo General del Poder Judicial. El magistrado se limitó a pedir al representante del Ministerio Público que si considera que ha prevaricado al implicar a la hermana de Felipe VI en dos delitos fiscales y en uno más de blanqueo debería haberle denunciado ante los tribunales.
Horrach señaló en su recurso que el juez había dejado de lado su obligada «imparcialidad, objetividad y congruencia» y se había dejado «contaminar» por los medios en su persecución a la infanta.