Rajoy propone al PP una agenda de reformas políticas para ganar terreno

El PP ha sido el último partido en reaccionar al revés de las elecciones europeas y lo hizo con una propuesta de Mariano Rajoy para desarrollar «una agenda de mejora de la calidad de la democracia». Una iniciativa que se centraría en dos hitos, la elección directa de los alcaldes por parte de los ciudadanos y una reducción del número de personas aforadas. La ofensiva regeneradora no incluye, en cambio, la reforma de la Constitución porque no existe un consenso suficiente ni tampoco un objetivo claro sobre los alcances de la misma.

Rajoy reunió a su comité ejecutivo nacional después de aprobar una reforma fiscal que no satisfizo a sus barones territoriales y tras haber aplazado la reforma de la financiación autonómica, otra de las demandas de los presidentes autonómicos del PP para aliviar las arcas de sus gobiernos. Pero el líder del partido y presidente del Gobierno no puso sobre la mesa estas dos cuestiones, prefirió planificar la recta final de la legislatura con la mirada puesta en las elecciones municipales, autonómicas y generales del próximo año, unas citas, sobre todo las dos primeras, que causan desazón entre los barones del partido por sus dudosas expectativas. Una inquietud agravada ahora porque contaban con la reforma fiscal y con una nueva financiación para levantar los ánimos de su electorado.

Con el envoltorio de buscar medidas para «acercar la democracia a los ciudadanos y que sea más participativa», en palabras de Dolores de Cospedal, el líder del partido propuso una solución para un problema a once meses vista, las elecciones municipales, en las que el PP se juega el gobierno de muchas ciudades. Rajoy animó a sus dirigentes a «estudiar» la elección directa de los alcaldes en vez de que lo hagan los grupos municipales. Una medida que el propio Gobierno desechó en la reforma de la ley local pero que recupera ahora para primar al candidato más votado y evitar alianzas entre las fuerzas con menos respaldo.

Con la elección directa del alcalde, para lo que habría que modificar la ley electoral, el PP tiene más posibilidades de asegurarse el control de las grandes ciudades y se evitaría el riesgo de acuerdos entre el PSOE e IU. Los populares, como norma general, sólo logran gobernar donde tiene mayoría absoluta, y cuando no la tienen los pactos entre la izquierda les desalojan del poder, aunque sean la fuerza más votada.

Rajoy también sacó a colación la reducción de los 10.000 aforados existentes en España, una iniciativa que ya expuso el viernes la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras el consejo de Ministros. En el debate parlamentario sobre el fuero para don Juan Carlos todos los portavoces defendieron la conveniencia de rebajar el número de personas que disfrutan de esa garantía procesal, pero el PP rehuyó la cuestión. Ahora, aprobada en el Congreso y camino de hacerlo en el Senado la norma para aforar el ex jefe del Estado, Rajoy instó a su partido a entrar en el debate.

Pero a lo que no está dispuesto el partido gubernamental es a abrir el melón de la reforma constitucional. Cospedal explicó que el PP, «por principio», no se opone pero antes hay que cumplir unas «condiciones» que no se solventan con el entendimiento de los dos grandes partidos. «Tiene que haber -desgranó- un objetivo claro, debe haber un consenso claro, tiene que saberse cuáles son los retos y cuáles son las soluciones». Porque, prosiguió la secretaria general, «no se puede romper un consenso y un pacto como el de 1978. Hay que saber lo que tenemos antes que abrir pactos y consensos. Hay que tener las cosas muy claras». Y por si las dificultades no estaban claras, agregó que los requisitos son que dos tercios del Congreso y del Senado aprueben la reforma de la Constitución, a continuación se disolverían las Cortes, se convocaría un referéndum para refrendar los cambios y por último habría nuevas elecciones generales.