La Generalitat garantiza que el 9-N estará todo a punto para poder votar
Artur Mas apura las últimas horas y presentará hoy el libro blanco de la independencia.
La vicepresidenta del Gobierno Catalán, Joana Ortega.
Veinticuatro horas después de que Artur Mas firmara el decreto de convocatoria de la consulta, y el mismo día que la maquinaria del Estado se puso en marcha para paralizarla, la Generalitat trató difundir ayer la imagen de que el proceso transcurre con normalidad, presentó en sociedad las urnas y las papeletas, activó el dispositivo técnico y logístico del referéndum, y garantizó que el 9-N todo estará listo para votar pese a la inminente suspensión cautelar del Tribunal Constitucional.
La Generalitat tiene, en el mejor de los casos, seis semanas por delante para organizar un operativo similar al de unas elecciones autonómicas, en el que 5,4 millones de catalanes están llamados a votar, de los que 2.547 son ciudadanos residentes en el extranjero —sobre una estimación de 200.000— que ya han confirmado su intención de participar. El dispositivo contará con 2.718 colegios electorales en 947 municipios. Habrá 8.130 mesas, 10.800 urnas, 6,7 millones de papeletas, y el Gobierno catalán movilizará a más de 9.000 policías, entre Mossos y agentes locales, y a casi 5.000 representantes de la Administración. Una votación, presupuestada en 8,8 millones, que ya tiene operativa la campaña institucional y la web informativa, pero que aún tiene que desarrollar buena parte de los instrumentos previstos en la ley de consultas y en el decreto de convocatoria.
Los pasos a dar
Es el caso del inicio de la actividad de la comisión de control del 9-N, que es el organismo, integrado por juristas y politólogos, que hará las veces de junta electoral. Esta semana se eligen sus miembros (miércoles) y más tarde se constituirá formalmente. Además, los ayuntamientos tienen diez días para comunicar a la Consejería de Gobernación qué colegios electorales piensan habilitar, el miércoles se abrirá el plazo para que los extranjeros con derecho a voto (comunitarios con un año de residencia en Cataluña y extracomunitarios con tres) se inscriban en el censo, y también para el voto anticipado. La semana siguiente se expondrá la lista de participantes y se realizará el sorteo de los miembros de las mesas.
Hay elementos, no obstante, que quedan en el aire. Es el caso de los integrantes de las mesas, ya que el Gobierno catalán reconoce que nadie estará obligado por ley a aceptar si es escogido, a diferencia de las elecciones ordinarias. «El sorteo se realizará desde el departamento de Gobernación y la obligación para poder asistir y estar al frente de una mesa es el deber ciudadano y el compromiso democrático», dijo la vicepresidenta Joana Ortega.
El otro punto que aún está cogido con alfileres es el de los colegios electorales. Más de dos tercios de los ayuntamientos se han mostrado dispuestos a colaborar con la consulta, pero existen consistorios que se muestran reacios, como los que están gobernados por el PP (Badalona y Castelldefels) y algunos por el PSC (L’Hospitalet, Cornellà o Sant Boi). Ortega garantizó que todos los catalanes podrán votar y que si algún ayuntamiento no cede se usarán otros inmuebles públicos.
En cualquier caso, el mayor quebradero de cabeza de la consejería de Gobernación vendrá del Constitucional. Ortega señaló que su equipo hará el trabajo bien para que todo esté preparado el día de la votación y con «todas las garantías democráticas». Pero en cambio evitó pronunciarse sobre si continuará con los preparativos aun con el decreto suspendido por el tribunal.