Mas frena la campaña, pero mantiene el pulso para el referéndum del 9-N
Los consejeros del Gobierno catalán se dividen ante la respuesta a la suspensión .

El president de la Generalitat, Artur Mas, llega a la reunión semanal del Gobierno catalán.
Un día después de que el Constitucional suspendiera de manera cautelar el decreto de convocatoria y la ley de consultas catalana, la Generalitat anunció ayer que su determinación y su compromiso con el referéndum se mantiene intacto y por tanto el «proceso continúa», pero que la campaña institucional para fomentar la participación se congela.
Si alguno pensaba que con la decisión del tribunal, el proyecto político que encabeza Artur Mas iba a quedar «liquidado», se equivoca, se encaegó de subrayar varias veces el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs. «Ayer —advirtió— no se acabó nada». A lo sumo, puntualizó, «hay una ley suspendida, pero no anulada, la partida no se ha terminado». Por primera vez desde el inicio del proyecto independentista hace dos años, el Ejecutivo catalán se vio obligado a tomar una decisión que pone en entredicho la votación a 40 días de la fecha elegida, aunque sea, según Homs, con un frenazo «temporal y cautelar».
La decisión, sin embargo, no fue pacífica. Al menos dos consejeros, los dos de Unió Democrática, Joana Ortega y Ramón Espadaler, vicepresidenta y titular de Gobernación, se mostraron partidarios de plegar velas y no tensar más la cuerda. Sus opiniones, según fuentes nacionalistas, abrieron un intenso debate en el que otros consejeros, todos de Convergencia Democrática defendieron la tesis de mantener el puslo y no suspender nada.
Las opiniones de Ortega y Espadaler dan una idea de lo que va a decidir Unió Democrática el próximo domingo sobre su intención de voto el 9 de noviembre. Todo apunta que dirán sí a la primera pregunta, a la del Estado propio para Cataluña, y no a la segunda, la de la independencia. En ese la fractura en CiU estará servida. Los convergentes apuestan por el doble sí. Esta divergencia se exteriorizó en la reunión de ayer del Gobierno catalán en la que al final prevaleció el punto intermedio, suspensión de la campaña institucional y se exime a los funcionarios autonómicos de trabajar en los preparativos del referéndum, pero no se renuncia a la votación.
Velas desplegadas
Ante la opinión publica, el Gobierno, dijo Homs, quiso dejar claro que «no plega velas» y que no se rinde aunque suspenda la campaña institucional de anuncios en prensa y televisión. El Ejecutivo de Mas también ordenó paralizar buena parte del calendario de actuaciones técnicas y logísticas encaminadas a preparar la votación. Homs señaló que cada trámite se estudiará «caso por caso», y está por ver qué preparativos pueden seguir su curso y cuáles no.
Por ejemplo, la web del 9-N, que el Gobierno catalán puso en marcha el sábado pasado y que recoge toda la información sobre el referéndum, permaneció todo el día operativa. Lo que sí reconoció es que la cadena de actuaciones previa al 9-N irá a un «ritmo diferente».
El portavoz justificó este paso atrás —está por ver si para dar luego dos hacia adelante o para echar definitivamente el freno— porque no puede «poner contra las cuerdas» a funcionarios de la administración autonómica, de entes locales o particulares, que podrían incurrir en un delito de desobediencia si realizan actuaciones relacionadas con el 9-N. El Gobierno catalán evitó en todo momento reconocer que acata la resolución judicial, algo que encendería al mundo independentista, partidario de la desobediencia pura y dura al Constitucional y de aplicar solo la ley catalana.