Rajoy plantea al Constitucional que anule la junta electoral del 9-N

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, presentó ayer un recurso en el Tribunal Constitucional contra la decisión de Artur Mas de crear una junta electoral que supervise la celebración del referéndum programado por la Generalitat para el 9 de noviembre. Los servicios jurídicos entienden que el presidente catalán, al firmar el decreto, desarrolló la ley de consultas aprobada por el Parlamento autonómico y la convocatoria de la votación, suspendidas ambas por la corte de garantías.

La batalla legal que mantienen el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat tiene un nuevo frente con la impugnación de la comisión de control de la consulta. El Constitucional deberá resolver si Mas vulneró su orden de suspender el referéndum al rubricar el pasado jueves la creación del organismo, pero no lo va a hacer de inmediato. Primero deberá enviar el escrito al Gobierno y al Parlamento catalanes, las partes personadas en la causa de suspensión de la ley de consultas y en la convocatoria de la votación, para que den su parecer.

Un trámite que impedirá que la corte revise el asunto en el pleno de esta semana. El tribunal debatirá el recurso de la Abogacía del Estado, como pronto, dentro de 15 días, y para entonces es muy probable que el panorama esté más claro y se sepa si Mas sigue adelante con el referéndum o ha reculado y acatado la suspensión. Con el calendario que maneja el Ejecutivo catalán, que se ha puesto el 15 de octubre como fecha límite para tomar una decisión definitiva sobre el 9-N, es posible que para cuando el tribunal resuelva el escenario esté pacificado.

El Gobierno de Rajoy dice que con el recurso se ha limitado a cumplir con «serena firmeza», en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, su obligación de impedir el desarrollo de la ley de consultas de Cataluña. Pero esta nueva impugnación amenaza con crear un atasco considerable en la corte de garantías.

Si la situación en el tribunal que vela por la Carta Magna es compleja, y nada hace presagiar que se resuelva ningún asunto antes del 9 de noviembre, es mucho más tranquila en la Fiscalía. Ninguna institución ha denunciado al Gobierno catalán ante el Ministerio Público y el organismo que preside Eduardo Torres-Dulce se limita por ahora a «estudiar cuidadosamente» los movimientos del jefe del Ejecutivo catalán y del Parlamento autonómico. El fiscal general aseguró ayer que actuará «con rigor» si considera que se vulnera la ley, pero por ahora no ha encontrado indicios de que sea así.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, sin poner nombres y apellidos ni mencionar a nadie, advirtió ayer de que «la pasividad es la mejor forma de empezar a perder contra aquellos que atentan contra la libertad, contra la democracia y contra el derecho». La número dos de los populares presentó al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en un desayuno informativo y le puso como ejemplo del político que «no puede callar ante los ataques a la democracia, a los derechos y las libertades que se están produciendo en Cataluña».