La jueza de los ERE de Andalucía apunta ahora a la presidenta Susana Díaz
. Alaya reclama las actas de las reuniones que presidía la entonces consejera de Presidencia.
La presidenta de Andalucía deberá dar explicaciones.
La jueza del caso de los ERE en Andalucía vuelve a colocar a los últimos gobiernos socialistas en el punto de mira. Tras remitir al Tribunal Supremo los elementos que considera que permitirían la imputación de los ex presidentes y aforados Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sus últimas pesquisas tratan de indagar si la actual presidenta Susana Díaz conoció las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas durante su etapa al frente de la consejería de Presidencia en 2012.
En un auto conocido ayer, Mercedes Alaya solicita a la Junta que en el plazo de diez días le remita las actas de las reuniones preparatorias de los consejos de gobierno, los denominados ‘consejillos’, que se celebraron entre 2001 y octubre de 2012, fecha en la que, con el escándalo ya en los juzgados, el ejecutivo de Griñán cambió el sistema de concesión de ayudas sociolaborales siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
Alaya ya ha subrayado en varias ocasiones que las irregularidades se prolongaron hasta esa fecha al entender que los cambios introducidos en 2010 ó 2011 mantenían el fraude de una u otra manera. Pero el periodo escogido por la juez para ampliar las pesquisas tiene una importante carga política, ya que, desde mayo de 2012, Susana Díaz era consejera de Presidencia y, por tanto, era la encargada de preparar y coordinar los ‘consejillos’, unas reuniones muy técnicas en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.
Hasta el momento, Alaya ha estimado que todos los consejeros de Presidencia entre 2001 y 2011 estuvieron al tanto de las irregularidades. En la exposición razonada que remitió al Supremo para plantear la posible imputación de los cargos aforados añadió por sorpresa a Gaspar Zarrías y Mar Moreno. Una tesis en la que ahora abunda al justificar su petición de las actas, solicitada por una ex asesora de la consejería de Empleo ya imputada en el caso y anteriormente por el PP, personado como acusación popular.
El auto explica que su objetivo es conocer si en las actas de los ‘consejillos’ «se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado» en la concesión de subvenciones sociolaborales mediante un fondo dotado con 721 millones de euros.