La Guardia Civil investiga nuevas implicaciones de la trama corrupta dentro y fuera de la Diputación

La Guardia Civil está convencida de que es más que probable que existan nuevas implicaciones dentro y fuera de la Diputación Provincial en el marco de la Operación Púnica y por ese motivo, ni se da por cerrada la actuación ni se descarta que se puedan producir nuevos arrestos, aunque en este caso serían a medio plazo.

Fuentes del Instituto Armado consultadas por este periódico subrayaron la importancia de la actuación que se ha llevado a cabo, que tiene «una magnitud mayor de la que se considera en este momento» y han confirmado que las actuaciones que se han llevado a cabo, con la detención del presidente y la imputación del interventor, son solamente la primera fase.

En una segunda, con las declaraciones que se han obtenido en sede policial ante los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y las que se van a grabar hoy en la Audiencia Nacional ante el titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, se emprenderán una serie de actuaciones que están previstas en este momento pero para cuya ejecución se necesitan nuevos datos de referencia.

La actuación forma parte de la intervención de la Guardia Civil que determinó la detención de Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación Provincial y la imputación del interventor, Jesús López, acusados de cargos que por el momento no se han hecho públicos pero que se refieren presumiblemente a la adjudicación de determinados concursos de forma fraudulenta a ojos del titular del juzgado central 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, en una actuación que deparó 51 detenciones en toda España, centrado básicamente el foco de los arrestos en Madrid, Valencia, Murcia y León.

Los agentes del cuerpo especializado en este tipo de delitos no recabaron nuevos datos durante su estancia en León el pasado fin de semana y se limitaron a gestionar el operativo para la detención de Barazón, con el fin de disponer de una sala en la que realizar los primeros trámites a efectos de diligencias, además de reservar uno de los calabozos para alojar al presidente desde su arresto hasta su traslado a Tres Cantos. No obstante, las fórmulas de funcionamiento de la unidad, no requieren de presencia directa en los lugares de los hechos para llevar a cabos sus tareas.

Junto a la Unidad Central Operativa trabajó en esta parte de la investigación la Policía Judicial de la Guardia Civil. La UCO tiene como misión investigar la parte de la trama que se refiere a la delincuencia organizada y al capítulo económico, mientras que la Unidad Técnica de la Policía Judicial ha estado centralizando la información que se ha ido recibiendo desde las unidades territoriales en los datos que se han solicitado, aunque el sigilo y el mutismo por discreción han sido norma fundamental en este asunto, para evitar filtraciones como la que llevó ayer a detener a un agente, acusado de advertir a Granados de que estaba siendo investigado.

Pregunta

Con todo este teatro de operaciones, cobra especial importancia la pregunta que el secretario provincial del Partido Popular, Eduardo Fernández, dirigió a los presidentes comarcales en la tarde del lunes en la sede del partido en el Pase de Salamanca: «¿Me garantizáis que no tenéis nada y que no puede haber nadie más afectado?». La pregunta fue dirigida a José Antonio Velasco, responsable de la comarca del Bierzo, Francisco García por la Montaña, Miguel Ángel del Egido en calidad de representante de Tierras de La Bañeza y Sindo Castro en Astorga y Maragatería. «Me piden de Madrid que aclare si hay algo más, si hay cualquier sospecha y si hay cualquier papel que ofrezca dudas».

La jornada de hoy será clave por la decisión del juez Eloy Velasco de citar a declarar a los principales imputados por la trama en la Audiencia Nacional. Se considera que los interrogatorios de hoy corresponden a los autores con mayor trascendencia, aunque las determinaciones que se adopten dependerán del criterio del juez.

Las «redes clientelares de tráfico de influencias» desarticuladas en la operación Púnica, constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Así consta en el auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que señala que Granados formaba parte de «una red de tráfico de influencias apoyada por un entramado empresarial que hace uso de su capacidad de influencia actuando como conseguidores para terceras empresas a cambio de una comisión pactada».