La juez de los ERE fraudulentos de Andalucía eleva a 229 los imputados
Alaya incorpora a la causa a seis directivos de FCC y Caja Rural de Granada .
La juez Alaya a su llegada a los juzgados de Sevilla.
La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía sigue aumentando el número de implicados, que asciende ya a 229 tras la imputación de seis directivos de empresas como FCC Medio Ambiente o la Caja Rural de Granada. Mercedes Alaya los imputa por negociar prejubilaciones con la administración regional al margen de cualquier procedimiento establecido y con la inclusión de intrusos relacionados con el exdirector general de Empleo de la Junta Javier Guerrero, considerado la pieza clave de la causa.
Entre los seis nuevos imputados por Alaya se encuentra el presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y el director general de Recursos Humanos de la empresa Cespa (filial de Ferrovial), Salvador Tudela. Según el auto notificado por la juez, ambos habrían participado en las negociaciones que, «como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la Limpieza en Granada, culminaron con el Convenio Colectivo para la provincia de Granada de 6 de abril de 2006». Dicho convenio permitió que a finales de ese mismo año Guerrero, «sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello», aprobase la suscripción de una póliza para FCC y Cespa con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas.
Conocimiento
La juez sostiene que, una vez más, la Junta de Andalucía acabó asumiendo obligaciones que serían de las empresas, «conociendo todos ellos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos». Asimismo, Alaya asegura que tanto García Gila como Tudela conocieron «indiciariamente» la inclusión en una de las pólizas de seis personas vinculadas a Guerrero, a los que se abonaron otros 1,4 millones de euros.
Entre el resto de imputados en la citada causa se encuentran tres responsables de la Caja Rural de Granada en 2007, a los que acusa de lograr que se amortizara el préstamo concedido a Dhul a través de la Junta de Andalucía, así como una trabajadora de una de las mediadoras a la que la Junta contrataba para tramitar estas prejubilaciones.