Mas pretende dejar el 9-N en manos de las entidades civiles

Cegado el plan original del referéndum soberanista y bloqueado el sucedáneo de consulta, Artur Mas está dispuesto a sacarse un as de la manga en forma de tercera vía, una votación informal que movilice el domingo a cientos de miles de catalanes sin vulnerar las dos suspensiones del Tribunal Constitucional. El truco legal está en cambiar el organizador de la movilización, los promotores ya no serían él y su Gobierno, esa labor recaería en manos de las organizaciones civiles. El presidente de la Generalitat pondrá su plan sobre la mesa en la reunión de hoy del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la plataforma que aglutina todo el conglomerado soberanista de Cataluña.

La idea llevaba cocinándose algunos días en los despachos de Mas y su círculo más cercano y, paradojas de la política, fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que señaló el camino al presidente catalán. Primero fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien apuntó el miércoles que si la consulta del 9-N era organizada por «una entidad privada» no estaría sujeta a la resolución del Tribunal Constitucional, que solo afecta «a los poderes públicos». Ayer fue el titular de Justicia, Rafael Catalá, el que señaló que «no se puede impedir el ejercicio de la libertad de expresión» a unas entidades privadas y si la Generalitat no es la organizadora «no parece necesario requerir al Constitucional ni a otros jueces para actuar porque no hay vulneración» de la ley.

Con estos avales en el bolsillo, Mas sopesa trasladar la responsabilidad del 9-N a la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la pléyade de grupos de todos los tamaños y colores que apoyan la consulta. Su idea es formular la propuesta hoy en la reunión del Pacto, un foro en el que el tiempo juega a su favor. La ANC, Esquerra y la CUP son contrarias a que el Gobierno catalán soslaye sus responsabilidades y exigen que esté al frente del 9-N. De otro modo, la votación, dicen, sería una pantomima. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, puntualizó ayer mismo que «el 9-N lo tenemos que hacer entre todos. Y el Gobierno (catalán) también». Pero los críticos también admiten que abrir un nuevo enfrentamiento a 48 horas de la votación supondría el naufragio más absoluto del largo proceso soberanista.

Mas de esta manera perdería protagonismo, pero quedaría para la historia que fue el presidente de la Generalitat que más lejos llegó, al menos hasta ahora, en la lucha por la independencia de Cataluña. Se ahorraría, además, el riesgo de incurrir en un delito de desobediencia, castigado con penas de inhabilitación para ocupar un cargo público de seis meses a dos años. Un castigo que ya experimentó en sus carnes el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por negarse a obedecer la orden del Constitucional de disolver el grupo parlamentario de la izquierda abertzale tras la ilegalización de Batasuna.

Sería una consulta con aroma a verbena, que no cumpliría los requisitos legales de una votación democrática, sin controles administrativos y con muy escaso valor político. Pero Mas cumpliría su promesa tantas veces repetida, «votaremos», aunque no podrá colgarse la medalla de la organización.