La Fiscalía General decide llevar mañana a Mas ante los tribunales
Torres-Dulce contará con apoyos para neutralizar la rebelión de los fiscales catalanes.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado un paso al frente.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dio ayer un puñetazo en la mesa y convocó mañana una Junta de Fiscales de Sala -la cúpula de la carrera- para ordenar la presentación de una querella criminal contra el presidente catalán, Artur Mas, y otros miembros de su Ejecutivo por violar la suspensión judicial de la seudoconsulta de autodeterminación del 9-N, entre cuyos afectados también estará la vicepresidenta, Joana Ortega, según confirmaron fuentes jurídicas. La querella pondrá fin a una semana de tiras y afloja y acusará a los mandatarios al menos de desobediencia al Tribunal Constitucional, pero tampoco son descartables otras imputaciones por prevaricación o malversación de caudales públicos.
La decisión del fiscal general de convocar a su cúpula es la respuesta oficial a la comunicación en la que la Fiscalía Superior de Cataluña le indica que, por el momento, no ve motivos para iniciar acciones penales contra Mas y el resto de denunciados. El escrito está firmado por el fiscal superior, José María Romero de Tejada, después de que seis de los nueve fiscales del tribunal superior descartaran la existencia de delitos en celebración del «proceso consultivo» del 9-N pese a estar suspendido por el Constitucional.
La Junta de Fiscales de Sala se reunirá mañana en cumplimiento del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, dadas las discrepancias insalvables entre los fiscales catalanes y el propio fiscal general, que sí considera que debe formularse la citada querella por al menos un delito de desobediencia. Es la forma legal de frenar la ‘rebelión’ de los subordinados catalanes e imponer su criterio superior jerárquico.
Las diferencias de criterio se resolverán en dicho cónclave por parte de Torres-Dulce, aunque las fuentes jurídicas consultadas aseguran que la decisión ya está tomada y se trata de una mera escenificación para lograr un amplio consenso sobre una decisión tan importante como actuar penalmente contra el presidente catalán.
La cúpula fiscal la preside el Fiscal General del Estado y la integran el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, todos los fiscales de Sala y, como secretario, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Jaime Moreno Verdejo. Es un órgano consultivo, no vinculante. Torres-Dulce está obligado a convocarla para oír a sus integrantes antes de actuar. Lo conforman fiscales del Supremo, de la Audiencia Nacional y de las fiscalías especializadas. Precisamente, Navajas ha sido uno de los más activos para la formulación de la querella, señalan las citadas fuentes, que destacan su preocupación por las presiones políticas recibidas por la fiscalía superior de Cataluña para que no actuara.
La querella de la Fiscalía dará el impulso definitivo a las demandas civiles contra la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recibió ayer una avalancha de denuncias contra Mas y otros miembros de la Generalitat que consideran que el presidente catalán y alguno de sus colaboradores más directos pudieron incurrir al menos en un delito de desobediciencia al ignorar la suspensión del «proceso participativo» del 9-N decretado del 4 de noviembre por el Tribunal Constitucional. A la espera de la decisión del Ministerio Público, la labor acusadora la han desencadenado ya partidos políticos, asociaciones y particulares de varias comarcas catalanas, cuyo número se espera que supere en los próximos días la actual decena.
Se trata de las personas que el mismo 9-N o en días sucesivos acudieron a a los juzgados de guardia de las cuatro provincias catalanes por considerar que Mas y su Gobierno habían desobedecido al Constitucional tanto en su veto a los actos de preparación del sucedáneo de consulta de autodeterminación como a los hechos encaminados a su celebración. Cada uno de los juzgados naturales comenzó a inhibirse en los días siguientes en favor del tribunal superior, que es el único órgano que puede decidir si el presidente catalán o sus colaboradores deben ser encausados, por tener categoría de aforados. Las inhibiciones se sucederán porque el número de denuncias alcanzó varias decenas, contra varios miembros de la Generalitat y también por más delitos que la propia desobediencia.