La cúpula fiscal apoya la querella contra Artur Mas por despreciar el veto del TC

Eduardo Torres-Dulce llegó ayer a la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny de Madrid, con los deberes hechos. Había convocado la Junta de Fiscales de Sala, formada por la cúpula de los acusadores públicos, para debatir el borrador de su querella contra la celebración de la consulta del 9 de noviembre en Cataluña, después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeros violaran de forma consciente, a su juicio, la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.

Las cuatro horas de reunión con los 24 subordinados que conforman la junta (faltaban dos por motivos personales) fue una mera escenificación porque la decisión ya estaba tomada, solo a falta de pulir los detalles técnicos de la denuncia. Incluso mucho antes del lunes, cuando Torres-Dulce convocó al cónclave debido «a las discrepancias de criterio» entre lo que él quería, llevar el 9-N a los tribunales, y la negativa a hacerlo de la Fiscalía Superior de Cataluña que, por seis votos a tres, rechazó la semana pasada presentar la querella porque no veían desobediencia en el «acto político» del 9-N.

Algunos de los fiscales del Supremo presentes en la reunión de ayer ya habían mostrado su apoyo a Torres-Dulce. Incluso en privado habían tratado tanto la estrategia procesal a seguir como la forma menos dolorosa para que no fuera un pescozón para sus compañeros catalanes, sobre los que algunos presentes en la junta consideran que están sometidos a una enorme presión política por la deriva del proceso soberanista que les impide actuar con autonomía.

De ahí que, pese a que Torres-Dulce llegó a barajar varias posibilidades como mandar a un hombre de confianza para presentar la querella ante el Tribunal Superior de Cataluña -órgano competente para investigar a los aforados-, sin pasar primero por las manos de sus subordinados, al final eligió invocar el artículo 27 del estatuto orgánico del Ministerio Público y convocar la citada junta. Con ello se garantizaba que su movimiento iba a tener un amplio sostén y transmitir una imagen de consenso pese a la estructura jerarquizada del Ministerio Público.

Así, la desazón inicial de Torres-Dulce con el subordinado jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, un hombre de aparente perfil duro que fue nombrado en junio de 2013 en sustitución de Martín Rodríguez Sol, sentenciado tras mostrarse partidario del derecho a decidir de los catalanes, dio paso a una estrategia ‘proactiva’, reuniendo a los fiscales de sala para impulsar su querella. Ello pese a que la decisión de la junta no era vinculante.

Tal y como estaba previsto, el fiscal general, que queda algo tocado por este asunto, salió con paso triunfal de la sede de Fortuny tras recibir el apoyo de 22 de los presentes. Todos excepto el fiscal de lo Contencioso del Supremo Pedro Crespo y el responsable de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. Mientras que en el primer grupo se encontraban ‘pesos pesados’ como Luis Navajas (teniente fiscal del Supremo); Antonio Salinas (Anticorrupción), Eduardo Fungairiño (Sala de lo Penal), Ángel Sánchez (Constitucional), o el ex ministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo (Sala de lo Militar).

El siguiente paso será presentar la querella en los próximos días contra Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y obstrucción a la justicia o usurpación de atribuciones judiciales.

El borrador tratado ayer señala que Mas «perseveró» en su intento de organizar la consulta pese a la suspensión «absoluta, tajante e inequívoca» del Constitucional, «con el único fin de eludir el control» de la justicia. Argumenta que la suspensión afectó también a las actuaciones que no se hubieran formalizado jurídicamente y destaca que detrás de ellas participaron de forma «directa» Mas y Ortega, que desobedecieron la orden de la corte y lesionaron la integridad de su jurisdicción.