el desafío soberanista
Los jueces ven indicios de que Mas desobedeció al Tribunal Constitucional
El TSJC subraya que continuó con los preparativos y con la votación del 9-N.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el momento de depositar su voto el 9-N.
El presidente de la Generalitat pudo cometer un delito de desobediencia al ignorar la suspensión de la consulta alternativa del 9-N decretada por el Constitucional, según apuntan los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruyen la querella contra Artur Mas presentada por la Fiscalía.
En el auto de admisión a trámite, dado a conocer ayer, los magistrados indican que hay indicios para pensar que Mas, Joana Ortega e Irene Rigau pudieron no acatar la paralización del referéndum ordenada por la corte el 4 de noviembre. La Sala Civil y Penal del tribunal dice en el escrito que entre el día en que el Constitucional emitió la orden de suspensión cautelar -aún no hay sentencia sobre el fondo de la causa- y el día 10 de noviembre, veinticuatro horas después de la votación, el jefe del Ejecutivo catalán y sus colaboradores «continuaron los actos preparatorios» de la consulta alternativa.
La resolución judicial, y ahí se basará la investigación del juez instructor, habla de que el Gobierno catalán mantuvo la «publicidad institucional», apunta que se realizaron «actos administrativos de desarrollo de carácter verbal» o por la «vía de hecho» hasta «llevar a cabo, en edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014». Los jueces destacan además que el propio Mas se «responsabilizó públicamente» de todo ello, según aparece en la querella de la Fiscalía.
Como consecuencia, los magistrados consideran que de «forma indiciaria», frente a las órdenes de suspensión cautelar «concretas y determinadas» del Tribunal Constitucional, Mas, Ortega y Rigau pudieron incurrir en los delitos de desobediencia a resoluciones judiciales, prevaricación y malversación de caudales públicos. Estos delitos implican penas que van de los 6 a los 24 meses de inhabilitación para el delito de desobediencia y hasta los 10 años de inhabilitación para la prevaricación administrativa.
Con el auto de admisión a trámite, el tribunal inicia a partir de ahora las diligencias previas para la investigación de la causa, en la que Mas podría ser llamado a declarar. La Fiscalía pide que lo haga como imputado, al entender que ignoró la suspensión del llamado «proceso de participación», mediante actos jurídicos y materiales tendentes a lograr la celebración de la consulta.
El Ministerio Público citó en su querella algunos de estos actos, como el mantenimiento de la web institucional, la distribución de las urnas, el envío con el membrete oficial de la Generalitat de una carta a los ciudadanos catalanes exhortándoles a participar en la consulta, el despliegue de la campaña institucional, las manifestaciones públicas de Mas convocando a la participación, así como el franqueo del acceso a institutos, colegios y centros de la Generalitat a los delegados y equipos de voluntarios del 9-N. La denuncia de la Fiscalía destaca además que, en el momento de depositar su voto, el dirigente convergente hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno.
En cualquier caso, la querella de la Fiscalía, presentada el pasado 21 de noviembre, estuvo rodeada de una gran polémica, ya que en un principio la Fiscalía Superior de Cataluña se negó a tirar adelante la acción judicial, al entender que no existían indicios de delito en la actuación de la Generalitat en el 9-N. Al final, la Fiscalía General del Estado ganó el pulso y obligó a rectificar a la de Cataluña. Las presiones en torno a la querella de la Fiscalía fueron tan fuertes que hace un mes, después de semanas de alta tensión, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, decidió dimitir, entre otras razones por el 9-N, y entre acusaciones por parte de la Generalitat de que actuó al dictado del Gobierno central.
La batalla legal como consecuencia de la consulta viene de lejos. El primer capítulo se vivió mes y medio antes del 9-N, cuando el Ejecutivo central decidió presentar un recurso ante el Constitucional contra la consulta original. Mas acató la suspensión decretada por la corte, renunció al referéndum, pero decidió sustituirlo por uno alternativo, llamado proceso participativo. El Gobierno lo impugnó y el Constitucional también lo paralizó. En este caso, el presidente de la Generalitat siguió adelante con la votación, dando a entender que la impulsaba la sociedad civil. El tribunal superior recibió siete querellas y 25 denuncias contra Mas por su actuación en el 9-N, que ha acumulado en un único procedimiento.