El Gobierno paraliza el deseado ‘Ministerio de Exteriores’ de Mas
La vicepresidenta anuncia un recurso ante el Constitucional.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Última entrega de la batalla que el Gobierno central y el catalán libran en los tribunales. Poco más de una semana después de que el Tribunal Constitucional tumbara por unanimidad la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N firmado por Artur Mas, el Consejo de Ministros anunció ayer que recurriá al Constitucional la ley catalana de acción exterior porque entiende que «vulnera» la Carta Magna. «Cataluña no es un estado» y, por tanto, «no tiene capacidad de establecer relaciones diplomáticas», argumentó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
El Parlamento catalán aprobó el pasado mes de noviembre la ley de acción exterior, impulsada por la Generalitat como una nueva «estructura de estado», con la que pretendía reforzar las relaciones internacionales de Cataluña, fomentar su proyección exterior y posicionarse como un actor internacional activo. A partir de esta norma, el Gobierno autonómico aprobó un decreto que le permitió incrementar su red de oficinas en el exterior. Así, el mes pasado, hizo pública la apertura de las ‘embajadas’ en Viena y Roma y reforzó la de Bruselas, con el fichaje del que fue portavoz del ex comisario Oli Rehn, Amadeu Altafaj, como representfante permanente de Cataluña ante la Unión Europea. Tras estas aperturas, Cataluña cuenta con delegaciones en Bruselas, Washington, París, Londres, Roma, Viena y Berlín.
El Gobierno central entiende que la ley catalana «busca desarrollar una diplomacia pública de Cataluña» y que como autonomía no tiene competencias para ello. Según argumentó la vicepresidente Saénz de Santamaría, la norma catalana vulnera el artículo 149.1.3 de la Constitución, el que se refiere a la distinción de las competencias exclusivas del Estado y de las comunidades autónomas, y también el 97, en el que se señala que corresponde al Gobierno de la nación dirigir la política exterior. La Generalitat trata de erigirse en «un actor internacional al margen del Estado» e invade «la competencia estatal para la dirección y ejecución de la política internacional», señaló la número dos del Ejecutivo central.
En cuanto el Constitucional admita a trámite el recurso, algo que es un hecho automático, la ley catalana de exterior quedará suspendida de manera cautelar unos cinco meses, hasta que haya una sentencia definitiva. El Gobierno basará su recurso en un informe del Consejo de Estado, que cree que la mitad de los artículos de la ley pueden ser inconstitucionales. En cambio, el consejo de garantías estatutarias, que la semana pasada tumbó las estructuras de estado que CiU y ERC querían ‘colar’ a través de las enmiendas de la ley de acompañamiento de los presupuestos, avaló la norma al 100%. La ley salió adelante con los votos de CiU, ERC, PSC e Iniciativa (100 votos a favor y 29 en contra).
El Gobierno ha impugnado además la apertura de las dos ‘embajadas’ de Viena y Roma, pero en este caso ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.