La familia Pujol no disipa las dudas sobre la procedencia de su fortuna
Las comparecencias de los nueve miembros de la familia Pujol en el Parlamento catalán han dejado perlas memorables, puestas en escena que pasarán a la historia del parlamentarismo autonómico y la imagen de una familia rica, arrogante por momentos, que se siente víctima de un ataque político como consecuencia de la deriva independentista de Convergencia y que considera que no ha hecho nada malo.
Los Pujol son un «ejemplo del país que no queremos ser», el del «amiguismo», sintetizó Joan Herrera, líder de Iniciativa. Para Oriol Junqueras, presidente de Esquerra, durante el pujolismo hubo un «terreno en el que se solaparon los intereses personales y familiares».
Más allá de las consideraciones de los partidos, hay quien cree que el balance de las declaraciones ha sido «importante» para conocer cómo Jordi Pujol ha «favorecido y estimulado unas determinadas actividades económicas de sus hijos», según el exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo.
«Ha quedado acreditado un tono general, en el que los padres (Jordi Pujol y Marta Ferrusola) consideraban que Cataluña era su finca particular», estima Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.
La imagen resultante, según el diagnóstico de Jiménez Villarejo, es la de una familia que «ha aprovechado el poder y la política para enriquecerse». Esto se demuestra, afirma, desde el momento en que hay varios procedimientos judiciales en marcha —ocho de los nueve miembros de la familia están imputados—. Y también tomando como base las comparecencias, por ejemplo, de Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanas Mireia y Marta.
El primogénito declaró muy «ofendido» que nunca ha operado desde paraísos fiscales, prosigue Villarejo, pero «sabe que hay comisiones rogatorias que le implican directamente sobre su participación en paraísos fiscales». Júnior está imputado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales. Se sospecha que movió 32 millones de euros entre España y trece países, y que parte de ese dinero eran las comisiones del 3% que se cree que CiU cobraba a cambio de obra pública.
Su hermana Marta, arquitecta de profesión, reconoció en cambio que entre 1988 y 1997, en pleno mandato de su padre, ganó doce contratos públicos para ejecutar obras de la Generalitat y solo una de esa docena de adjudicaciones se licitó por concurso público.