Las mineras exigen un compromiso a diez años en el nuevo mecanismo del carbón

El nuevo mecanismo que defina el contexto de la generación energética en las térmicas con carbón nacional tendrá que fijar la duración de los contratos a largo plazo al menos en diez años, según exige el sector minero. Una propuesta que ve con buenos ojos el Ministerio de Industria, ya que garantizaría que las subvenciones que se darán a las eléctricas para la adaptación medioambiental de sus centrales térmicas sostuviera a la minería nacional al menos durante una década; y no que se financien las inversiones para correr en tres años el riesgo de no poder ligar la generación al carbón autóctono.

Ese es el escenario que se negocia en la Secretaría de Estado de Energía desde hace semanas, y que deberá cerrar en pocos días el acuerdo entre empresas mineras y eléctricas si el Gobierno quiere cumplir el compromiso dado a parlamentarios y Junta de publicar el borrador del nuevo mecanismo que regule el sector antes de que concluya este mes.

Un mecanismo que, en todo caso, no hablará de los precios de compra del carbón. Esa será una batalla que tenga que librar cuerpo a cuerpo cada empresa de los dos sectores, porque ya en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón 2013-2018 se establece que la participación del mineral autóctono en el mix de generación deberá hacerse de forma que no distorsione los mecanismos de mercado y se ajuste a la legislación europea. Añade que desde este año la cantidad y precio que se acuerde formará parte de la gestión privada de las compañías implicadas, en función de la demanda eléctrica.

Pago por capacidad

En todo caso, el mecanismo que se perfila contempla el apoyo del Gobierno a las centrales térmicas a través del mecanismo de pagos por capacidad, es decir, al hecho de que tengan sus centrales disponibles para atender la demanda eléctrica en casos de puntas de consumo o de descenso de la generación con renovables.

Para tener sus instalaciones térmicas disponibles las compañías eléctricas deberán hacer público antes del próximo mes de octubre si se comprometen a acometer las inversiones exigidas para adaptarse a la normativa de la Unión Europea sobre emisiones industriales.

El mecanismo que se prepara vincula la concesión de ayudas para llevar a cabo estas millonarias inversiones por parte del Ejecutivo al consumo de carbón nacional.

Energía propuso en principio aplicar de forma temporal una excención a las empresas mineras del ‘céntimo verde’, el impuesto de hidrocarburos que grava desde 2013 las ventas de carbón y gas natural. Sin embargo, Bruselas rechazó esta posibilidad.

Horizonte a largo plazo

Tanto mineras como eléctricas necesitan un escenario que clarifique el horizonte a largo plazo para tomar sus decisiones estratégicas y de inversión. Para el carbón nacional fijar acuerdos de compra a diez años significaría además un alivio respecto a sus perspectivas de futuro. Un futuro que a día de hoy sigue teniendo marcado su final para dentro de menos de tres años.

Sin movimientos en la Comisión Europea sobre la insistente propuesta del sector español de desligar la supervivencia de las empresas rentables más allá de esa fecha de la devolución de las ayudas cobradas desde 2011 (450 millones de euros en total), sólo las negociaciones que en los últimos años se llevan a cabo directamente en Bruselas con las autoridades de Competencia por parte de Carbunión pueden abrir una vía de futuro.

Una posibilidad que en las últimas semanas ha visto también la oportunidad de un importantísimo aliado en la decisión de Polonia de reclamar a la UE la posibilidad de conceder ayudas a sus minas de carbón. El sector sí es básico en la economía polaca, donde genera más del 80% de la energía, da empleo a más de 100.000 mineros y sostiene un millón de empleos indirectos.

Un entramado que las autoridades europeas tendrán difícil dejar caer. Y que abre la vía a que quiten la losa que pesa sobre el sector en España.

Ahora, las prisas

En cualquier caso, la publicación del borrador sobre el procedimiento que sustituya al Real Decreto de restricciones por garantía de suministro (cuya vigencia acabó el pasado diciembre) debería asegurar al carbón nacional un hueco térmico suficiente para que participe en un 7,5% de la generación energética nacional, según establece el Marco de Actuación.

Pero por más agilidad que se quiera imprimir ahora al nuevo real decreto que ultima el departamento de Alberto Nadal, es imprescindible una tramitación administrativa que impide su aplicación inmediata. Más allá de que no deja de resultar irónico el intentar acelerar ahora una herramienta que debería haber entrado en vigor el 1 de enero pasado; y cuyo retraso ha llevado a algunas de las principales empresas mineras a tener que sortear graves problemas financieros, incluso a presentar preconcurso de acreedores, así como a negociar expedientes de regulación para la totalidad de sus plantillas.

Una realidad a la que por otra parte está más que acostumbrado el sector minero. Retrasos e incumplimientos han sido el día a día de la industria del carbón en los últimos años, y no han hecho sino agravarse de forma más reciente.

Ahora el nuevo mecanismo deberá pasar la tramitación de comunicación a las partes, presentación de alegaciones, informe del Consejo de Estado,... En todo caso, desde el sector minero se considera que un planteamiento que recoja sus propuestas permitirá al menos aclarar el escenario en el que tendrán que moverse las negociaciones con las eléctricas, y sortear la total incertidumbre que existe en este momento sobre el futuro del carbón.

Una situación que debe despejarse porque en el escenario actual ni mineras ni eléctricas afrontarán las millonarias inversiones que exige por un lado la capacidad de las primeras de preparar sus minas para la explotación en un marco a medio plazo, ni por otro la adaptación de las instalaciones de generación eléctrica a las nuevas exigencias medioambientales.