El Gobierno se lava las manos porque el caso Rato es «un asunto particular»

Como Artur Mas y con las mismas palabras que en el caso Pujol, Soraya Sáenz de Santamaría consideró que el caso Rato es «un asunto particular». Solo que cuando el presidente catalán acotó a la esfera personal de Jordi Pujol la fortuna familiar oculta, el PP se echó encima de Mas por recurrir a semejante argumento. La vicepresidenta circunscribió también el escándalo a la vida privada de Rodrigo Rato, que también esgrime que el dinero opaco que ha regularizado es una herencia paterna. A su lado, Cristóbal Montoro fue el vivo rostro de lo que puede ser la frialdad para con un ex jefe y ex compañero de fatigas: «No estoy aquí para expresar sensaciones, estoy par aplicar la ley».

El Gobierno había tomado nota de que su meliflua reacción inicial ante las andanzas del ex tesorero Luis Bárcenas fue un desastre para su imagen de beligerancia con la corrupción. En esta ocasión decidió coger el toro por los cuernos y no ha permitido que el asunto escapase de su área de influencia en la órbita de la Agencia Tributaria. El Ejecutivo jugó la carta de la ejemplaridad y la contundencia con el ex vicepresidente, ex ministro de Economía, ex director-gerente del FMI y ex presidente de Bankia. «La ley es igual para todos», repiten en La Moncloa y el eco se propala por todo el Gobierno y el PP. La rotundidad de las actuaciones y las imágenes, sin embargo, han dejado un mal sabor de boca en algún sector del PP que se pregunta si hacía falta esa escenificación con el que fuera durante muchos años un puntal del partido y «el mejor» ministro de Economía de la historia en palabras de José María Aznar y del fallecido Emilio Botín.

 

Sáenz de Santamaría advirtió, tras las reunión del Consejo de Ministros, que no habrá explicaciones de Rajoy ante el Congreso, como las hubo con Bárcenas, ni comisión de investigación, como la hay con el caso Pujol en el Parlamento catalán. «No estamos ante hechos relacionados con el cargo» que ostentó en el Gobierno de Aznar, subrayó la número dos del Gobierno, que también precisó que no se ha reparado en que la campaña para las elecciones del 24 de mayo esté a la vuelta de la esquina y las consecuencias que puede tener para el PP. La Agencia Tributaria, subrayó, actúa «con independencia del momento» y sin medir si «afecta a este o aquel partido».

Rajoy, al igual que Aznar, guarda silencio. Este fin de semana tiene actos de precampaña del PP en Murcia y Alicante y no tiene intención de referirse al asunto aunque será difícil que lo pueda soslayar. El resto de miembros del Gobierno secundó la consigna de que la ley es igual para todos, y hasta el ministro del Interior la repitió en Alemania a la salida del acto ecuménico en la catedral de Colonia por las víctimas del accidente del avión de Germanwings. «Las instituciones funcionan. La corrupción se combate. No hay excepciones», se jactó Jorge Fernández Díaz.

La desolación era mayor en el PP. A pesar de haber sido todo en el partido, a Rato apenas le quedan amigos. Los ‘ratistas’, sobre todo en Madrid, eran una de las grandes familias populares, pero hoy es una especie en vías de extinción. La mala gestión de Bankia que llevó al posterior rescate público y el uso de las tarjetas black habían ensombrecido su aura de ‘padre del milagro económico español’, pero las acusaciones de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes han sido la puntilla. En el PP admiten sin tapujos que la campaña electoral ha quedado herida de gravedad porque por mucho que desde La Moncloa se trate de deslindar con que es un asunto privado, ahonda la imagen de corrupción que acompaña al partido y es su mayor lastre político.